El juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, avanza con fuertes cuestionamientos de su defensa a la Fiscalía General de la Nación.
En la audiencia preparatoria celebrada este 30 de julio, el abogado Alejandro Carranza criticó el manejo probatorio del ente acusador y advirtió que el proceso ha expuesto indebidamente al acusado por su parentesco con el Jefe de Estado.
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Carranza insistió en que la Fiscalía olvidó que “el padre de Nicolás Petro es el presidente y que, aunque se le exige un fuero especial, en la práctica se le ha expuesto a manifestaciones públicas y mediáticas que afectan el debido proceso”.
En ese contexto, solicitó formalmente la exclusión de varias pruebas presentadas por la fiscal del caso, Lucy Laborde, al considerar que son “superfluas, inútiles, repetitivas y dilatorias”.
El abogado defensor cuestionó particularmente la presentación de registros de llamadas y geolocalización, al señalar que “no hay forma de vincular esas comunicaciones con una conducta ilícita” como el lavado de activos o el incremento patrimonial injustificado, delitos por los cuales está procesado el hijo del mandatario.
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Además, afirmó que la Fiscalía pretende introducir “más de dos millones de elementos probatorios solo para corroborar un incremento patrimonial de 800 millones de pesos”, cifra que, a su juicio, no justifica semejante carga probatoria.
Carranza también puso en entredicho la idoneidad de los investigadores de la Fiscalía que elaboraron informes financieros y bancarios, asegurando que “no tienen idoneidad pericial”.
Recalcó que el artículo 439 del Código de Procedimiento Penal obliga a rechazar pruebas repetitivas o dilatorias, y pidió expresamente al juez Hugo Carbonó su inadmisión.
La defensa objetó, además, la citación de la familia de Nicolás Petro —madre, esposa y hermanas— como testigos del proceso, alegando que esto obedece a un tratamiento diferenciado por su condición de hijo del presidente.
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Otro punto de discusión fue la solicitud de excluir la declaración que Nicolás Petro entregó en el marco de un fallido principio de oportunidad con la Fiscalía.
Carranza argumentó que el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal prohíbe utilizar estas manifestaciones como prueba de cargo cuando el acuerdo no ha sido avalado por un juez.
“La solicitud probatoria de la Fiscalía pretende incorporar videos y declaraciones escritas de Nicolás Petro sin que se haya impartido legalidad a las mismas, lo que vulnera las garantías procesales”, enfatizó el abogado.
Con estas objeciones, la defensa busca limitar la prueba que será analizada en el juicio, al considerar que la Fiscalía ha construido un “desfile repetitivo” de evidencias que dilatan el proceso y afectan las garantías del acusado.
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La controversia en torno al desarrollo de este juicio no es nueva. Un día antes, el 29 de julio, se vivió una audiencia marcada por la tensión entre la defensa, la Procuraduría y el propio tribunal.
El procurador especial del caso lanzó una advertencia contundente: “Al juicio no se va de pescar”, al cuestionar la pertinencia de las pruebas solicitadas por el equipo legal de Nicolás Petro.
A su juicio, la defensa estaría utilizando el proceso como un espacio para explorar hipótesis en lugar de presentar una teoría del caso definida.
El juez del proceso también expresó su molestia por los constantes aplazamientos solicitados por la defensa, pese a que las fechas de audiencia habían sido acordadas previamente.
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“Si la próxima vez vuelve a ocurrir algo que cambie la fecha, el juzgado ponderará y compulsará copias disciplinarias si ello es necesario por incumplimiento de sus deberes”, advirtió.
La fiscal Lucy Laborde respaldó al magistrado y subrayó el impacto negativo de estas dilaciones, en particular porque los traslados hasta Barranquilla implican una logística compleja para la Fiscalía.
El juez citó a las partes para el 30 de julio, advirtiendo que de persistir las maniobras dilatorias se tomarán medidas disciplinarias para evitar que el proceso se prolongue de manera innecesaria.
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