Luego de una reunión que se llevó a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en Washington D. C. (Estados Unidos), el abogado Víctor Mosquera, que representa los intereses del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, denunció una presunta intervención indebida del Gobierno nacional en la investigación del atentado perpetrado contra el congresista.
De acuerdo Mosquera, el Ejecutivo, hoy representado por el presidente Gustavo Petro, estaría influyendo en el proceso investigativo mediante la divulgación de información no verificada, señalando, incluso, a presuntos responsables sin pruebas concluyentes. Esto, según detalló, estaría afectando la objetividad de las indagaciones y ha generado estigmatización contra la oposición.
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“Hemos establecido que desde el día uno de este horrible atentado, el Gobierno nacional, no ha respetado la independencia de los fiscales, ha venido desarrollando investigaciones paralelas y delineando quién pudiese ser quien cometió este grave crimen. Esto es responsabilidad de la Fiscalía y no del Gobierno nacional. Por lo tanto, advertimos a la Comisión Interamericana esta situación”, precisó el abogado.
Estas supuestas injerencias se estarían haciendo a través del presidente de la República, algunos ministros y agentes del Estado. Estas personas serían responsables de difundir discursos de odio y campañas de estigmatización relacionadas con el aspirante a la Presidencia y otros líderes políticos opositores. Estos señalamientos quedaron sustentados en tres informes documentales que presentó el abogado a los delegados de la Comisión.
Desviación de la investigación y fallas en la protección del senador
De igual manera, presentó otro informe a la Cidh para dejar en evidencia posibles intentos de desviación de la investigación, centrados en señalar como culpables a grupos al margen de la ley. Pues, desde su perspectiva, las indagaciones que adelanta el ente acusador no han logrado determinar qué personas ordenaron el ataque.
“Se han venido dando nombres de organizaciones criminales tratando de cerrar esa investigación o direccionarla. Y esto no puede ser permitido porque ahora solamente hay seis personas capturadas que fueron los autores materiales, pero necesitamos llegar hasta los determinadores y esto no puede desarrollarse solamente con esos señalamientos”, aseveró.
Finalmente, puso en conocimiento de la Cidh presuntas fallas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a cargo de Augusto Rodríguez, en relación con el esquema de seguridad proporcionado al senador. De acuerdo con el abogado, la entidad ignoró 51 solicitudes formales de refuerzo del esquema del precandidato, que estaban justificadas en su aspiración a la Presidencia y en su perfil como congresista de la oposición.
“El error fue de la UNP, que desatendió las solicitudes de protección elevadas por Miguel Uribe. Se acreditó ante la Cidh cómo se le negó un esquema adecuado, dejándolo expuesto en un contexto de amenazas crecientes”, explicó Mosquera, citado en un comunicado.
Inclusión del delito de terrorismo en la investigación
Así las cosas, en la reunión, el abogado presentó varios documentos con el fin de sustentar la solicitud de medidas cautelares urgentes para Miguel Uribe y su familia, así como medidas colectivas para integrantes del Partido Centro Democrático, ante el contexto electoral de 2026. Asimismo, solicitó a la Comisión instar a las autoridades del país a garantizar total transparencia e imparcialidad en la investigación que se adelanta sobre el caso, mientras que pidió al Estado abstenerse de señalar presuntos responsables sin que se haya surtido el debido proceso judicial.
Por otro lado, pidió a la Cidh que exhorte al Estado colombiano a investigar el atentado bajo cargos de terrorismo y no solamente por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, argumentando que con el ataque se buscó intimidar a la oposición y generar temor en la ciudadanía, que se prepara para elegir un nuevo mandatario en mayo de 2026.
“Este atentado no solo buscó atentar contra la vida de Miguel Uribe, sino generar pánico en la población civil y amedrentar a la oposición en un año preelectoral. Calificarlo como terrorismo es fundamental para dimensionar la gravedad del hecho y aplicar las sanciones más severas contempladas en la ley”, precisó.