La Embajada de Colombia en Estados Unidos expresó en un comunicado, escrito en inglés, que en Colombia se respeta la separación de poderes, incluyendo la Rama Judicial.
El pronunciamiento de la sede diplomática se debe a los pronunciamiento de varios congresistas de ese país, así como del secretario de Estado, Marco Rubio.
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El documento precisó que la defensa del expresidente Álvaro Uribe puede apelar la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia, que lo declaró culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
“Ante la reciente sentencia en el caso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, esta Embajada reafirma los principios fundamentales que definen el orden democrático colombiano, proporcionando contexto para promover una comprensión más clara del proceso institucional actualmente en curso”, se lee en el comunicado.
Además, la Embajada de Colombia precisó que en Colombia el poder judicial “opera con plena autonomía”.
“La República de Colombia se fundamenta en una separación de poderes firme e inequívoca. El poder judicial opera con plena autonomía e independencia, principios consagrados en nuestro marco constitucional y defendidos activamente por la actual administración del presidente Gustavo Petro”, precisa la sede diplomática en Washington, Estados Unidos.
Y agrega: “El caso resuelto se origina en un proceso iniciado en 2012 ante la Corte Suprema de Justicia, el órgano constitucionalmente encargado de investigar a los funcionarios electos. En 2020, tras una orden de arresto de la Corte Suprema, el Sr. Uribe renunció al Senado, lo que provocó que el caso se transfiriera de la Corte Suprema a la justicia ordinaria”.
En su pronunciamiento, la embajada hizo una pequeña cronología del juicio del expresidente Álvaro Uribe.
“El Sr. Uribe fue acusado formalmente en 2023 y su juicio comenzó en febrero de 2024. En el sistema judicial colombiano, el Sr. Uribe tiene derecho a apelar la sentencia emitida por el tribunal de circuito. La defensa dispone de dos instancias adicionales para impugnar la decisión, respetando plenamente las garantías procesales y constitucionales”, se lee en el comunicado.
La Embajada de Colombia en Estados Unidos concluyó el comunicado indicando que “como país soberano, esta Embajada reafirma su confianza en la integridad e independencia del sistema judicial colombiano y en su capacidad para garantizar el debido proceso en todos los niveles”.
Qué dijeron los congresistas y el funcionario
La jueza Sandra Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá consideró que existen fundamentos suficientes para proceder con cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.
Esto activó reacciones inmediatas dentro del ámbito político en los Estados Unidos, donde diversos representantes expresaron inquietud sobre la transparencia del sistema judicial colombiano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó de manera directa la determinación judicial. A través de su cuenta de X, afirmó que el proceso representaba un precedente negativo, argumentando que Uribe solo había defendido su país y que la justicia colombiana estaba siendo utilizada por jueces con posturas radicales.
Las repercusiones de estas declaraciones se trasladaron al Congreso estadounidense. El senador Bernie Moreno, con raíces colombianas, consideró que Colombia atraviesa una grave crisis institucional, con similitudes a los procesos vividos en Venezuela.
Anunció la organización de una delegación bipartidista con el objetivo de reafirmar el respaldo estadounidense al país sudamericano y transmitir esperanza sobre la capacidad de Colombia para superar su situación.
La congresista republicana María Elvira Salazar también se pronunció públicamente. Describió la decisión contra Uribe Vélez como una injusticia y argumentó que el expresidente fue quien enfrentó grupos armados y rechazó pactos con organizaciones criminales. Sostuvo que el proceso responde a una persecución política impulsada por sectores de izquierda con aspiraciones de control.
Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart acusó al gobierno colombiano de promover una persecución política, cuestionando la independencia judicial y manifestando preocupación por el debilitamiento de la democracia y el aumento de la inseguridad en el país durante la actual administración.
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