Un día después de que un tribunal emitiera un fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse públicamente a uno de los temas que ha marcado buena parte de su trayectoria política: el origen y la historia del paramilitarismo en Antioquia, en particular el caso del Bloque Metro.
En un extenso mensaje divulgado a través de su cuenta oficial en X, Petro recordó que desde su etapa como congresista, en 2007, investigó y denunció públicamente la forma en que se gestó este bloque paramilitar, así como las circunstancias que llevaron a que fuera eliminado por otros grupos dentro de la misma estructura de autodefensas.
El entonces parlamentario abordó este asunto en un debate de control político que, según afirmó, continúa disponible en plataformas como Youtube. Posteriormente, esa línea de investigación fue ampliada por el también congresista Iván Cepeda.
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De acuerdo con el mandatario, el Bloque Metro surgió en San Roque, Antioquia, en una finca conocida como Guacharacas, ubicada en la ruta hacia el Magdalena Medio.
Petro sostiene que este bloque se diferenció de otras estructuras paramilitares al negarse a involucrarse directamente con actividades de narcotráfico, concentrándose en operaciones de contrainsurgencia con respaldo de sectores estatales.
Esta decisión, argumenta, habría derivado en su eliminación por parte de facciones paramilitares que sí estaban vinculadas al negocio de las drogas ilícitas.
“Fue parte de mi debate del año 2007 sobre el paramilitarismo en Antioquia, que aún esta en YouTube, y sobre el que espero colaboración para su publicación, y que continuó con mayor profundidad, Iván Cepeda, ambos como congresistas y en nuestra función constitucional del control político. El bloque metro se negó a narcotraficar y buscó ser una simple fuerza antinsurgente con apoyo estatal”, escribió el primer mandatario.
Petro reiteró que su activismo en este tema tuvo consecuencias directas sobre su entorno familiar, que debió abandonar el país por motivos de seguridad.
Según su relato, Iván Cepeda también enfrentó persecución judicial, hasta que la Corte Suprema halló indicios de montaje con testigos falsos en casos relacionados.
El actual presidente señaló que él mismo fue blanco de acusaciones basadas en declaraciones que finalmente se demostraron falsas, y afirmó que en su momento descubrió que agentes del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estaban detrás de seguimientos y hostigamientos contra opositores, jueces y periodistas.
En su mensaje, Petro hizo un repaso de otros episodios que vincula con la confrontación política y judicial en torno al paramilitarismo.
Recordó que años atrás, cuando ambos coincidían en el Senado, Uribe renunció a su curul en medio de un proceso que, según Petro, le habría permitido debatir directamente con él sobre estos temas.
También mencionó sus denuncias sobre la presunta participación del hermano del expresidente, Santiago Uribe, en un grupo conocido como “Los 12 Apóstoles” en el norte de Antioquia, asunto que fue objeto de investigaciones judiciales y debates de control político en el Congreso.
“La renuncia del senador Uribe a su curul, estando yo allí presente, también como senador, me quitó el placer del debate con el hoy, ex senador, el me derrotó, después, ante la justicia, con mi investigación sobre la participación de su hermano Santiago, en la investigación de control político que hice sobre el grupo paramilitar “los 12 apóstoles” en Yarumal y Santa Rosa de Osos, en Antioquia y la hacienda la Carolina, y hoy después del cambio de instancia judicial investigadora, que el mismo expresidente y exsenador Uribe produjo, ha sido derrotado en primera instancia por la justicia ordinaria, por el caso de falsificación de testigos, del que fuí víctima y no judicialicé“, señaló.
Para el jefe de Estado, los recientes acontecimientos judiciales confirman la vigencia de sus denuncias y la necesidad de esclarecer plenamente la relación entre estructuras armadas ilegales, narcotráfico y cooptación de instituciones estatales. Petro subrayó que su prioridad es desmontar lo que denomina “la gobernanza paramilitar” en el país, la cual —asegura— ha marcado la historia reciente de Colombia desde finales del siglo XX.
Pese a la confrontación política con Uribe, el mandatario enfatizó que como presidente de la República tiene el deber constitucional de garantizar la seguridad del exmandatario, su familia y sus bienes.
“Prefiero en materias que tienen que ver con la política y la gobernanza paramilitar, que ha dirigido a Colombia desde fines del siglo XX y principios del XXI, dar más la batalla política que la judicial: seducir al pueblo hacia la lucha por la democracia y la de sus propios derechos como pueblo sojuzgado por el terror”, añadió.
Asimismo, reiteró su respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como órgano competente para esclarecer hechos relacionados con el conflicto armado, en el marco de los acuerdos firmados entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. Petro reiteró que ha solicitado a la Corte Constitucional respaldar la plena aplicación de los compromisos de paz, incluyendo el sometimiento de actores vinculados al narcotráfico a esta jurisdicción especial.
En este contexto, el mandatario consideró que Álvaro Uribe podría acudir voluntariamente a la JEP y aportar elementos de verdad que, aunque dolorosos, podrían contribuir a cerrar ciclos de violencia en el país. A su juicio, la sociedad colombiana está preparada para conocer toda la verdad sobre el conflicto, y confía en que la justicia, la reparación de las víctimas y la verdad constituyen el único camino hacia una paz duradera.
“A la JEP puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia.Decían que el país no estaba maduro para la verdad. Toda sociedad humana está preparada para la verdad. La verdad y la justicia, la reparación de las víctimas es el camino de la Paz”, concluyó.