La concejala Diana Diago, del Centro Democrático, denunció públicamente posibles irregularidades en la adquisición de una unidad móvil veterinaria destinada a la atención de animales de compañía en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. El contrato, por un valor de $575 millones, fue adjudicado en 2024 al consorcio unión temporal One Vet, y tiene como objeto la compra de un camión totalmente equipado para servicios veterinarios en la zona.
De acuerdo con la información presentada por la cabildante, el proceso de ejecución del contrato ha estado marcado por retrasos, modificaciones en los términos y dudas sobre la legalidad de su desarrollo. La unidad móvil veterinaria, que debía estar operando desde mayo de 2025, aún no ha sido entregada.
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No obstante, se le han otorgado dos prórrogas al contratista que estableció como nueva fecha de entrega el 14 de agosto de 2025, lo que supone un retraso de tres meses respecto al cronograma original.
“¿Qué está pasando con los recursos públicos en Ciudad Bolívar? Lo advertí y el tiempo me dio la razón: la unidad veterinaria debía entregarse en mayo, pero ahora llegará en agosto, si es que llega. Son tres meses de retraso mientras los animales de Ciudad Bolívar siguen esperando, las esterilizaciones y la atención de urgencias que la unidad médica podría brindar”, declaró la concejal Diana Diago.
Adicionalmente, la cabildante explicó que el contratista debía tramitar todas las licencias necesarias para el funcionamiento de la unidad móvil, incluidos los permisos sanitarios y ambientales. Sin embargo, durante la ejecución del contrato, la Alcaldía Local modificó esta obligación, exonerando al consorcio de la responsabilidad y asumiendo directamente la gestión de los documentos.
Según Diago, esto implica una carga jurídica y administrativa adicional para el distrito que debilita los mecanismos de control sobre el cumplimiento de las normas.
“¡Es el colmo! Estamos pagando casi $600 millones por una unidad móvil veterinaria que podría terminar convertida en un elefante blanco, ya que no hay garantías de entrega con las licencias correspondientes. ¿Quién garantiza que este vehículo cumple con las normas de salud pública y el manejo de residuos biológicos?”, cuestionó la cabildante.
En febrero de 2025, la concejala había advertido que One Mobility S.A.S., miembro del consorcio contratista, tiene como representante legal suplente a Pablo Enrique Zamora Rojas, que fue vinculado a un escándalo de presunta corrupción en la adquisición de máquinas extintoras de Bomberos en 2024, operación que dejó sin justificar más de $13.500 millones luego de cuatro prórrogas otorgadas por la administración distrital.
“El alcalde local, Diego Arenas, le miente a los ciudadanos. Presumen avances que no existen: la unidad veterinaria no funciona, el contrato está enredado y los animales siguen en el abandono. Este contrato olía mal desde el principio”, afirmó Diago.
Los cuestionamientos de la cabildante incluyeron la difusión pública por parte del alcalde sobre la llegada de la unidad veterinaria. Alertó que se está promoviendo como un logro el proyecto que aún no entra en servicio y que enfrenta incertidumbres legales y operativas.
Para la concejal, la gestión de la Alcaldía Local en este proceso contractual demuestra una falta de rigor y transparencia, que busca ser ocultado con publicidad a favor de la entidad.
“Sí, son un ejemplo… pero de lo que no se debe hacer. Hicieron todo mal en materia de contratación: escogieron un contratista presuntamente cuestionado, incumplieron plazos, modificaron el contrato y ahora pretenden tapar los errores con propaganda.”, explicó.
No obstante, Ciudad Bolívar es una de las localidades con mayor población animal vulnerable en Bogotá, y la falta de este servicio afecta tanto a los animales como a los ciudadanos que esperan atención veterinaria accesible, dado que, la mayoría de los habitantes no cuentan con los recursos necesarios para brindarle estor servicios a sus mascotas.