La posible pérdida de autonomía municipal para Fusagasugá ante una eventual adhesión a la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca ha generado preocupación en diferentes ámbitos políticos y sociales, aseguró la congresista del Pacto Histórico Alexandra Vásquez.
La representante a la Cámara por Cundinamarca manifestó que esta integración podría transformar al municipio en un centro logístico dependiente de los intereses y lineamientos definidos desde la capital.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Tras la aprobación en primer debate por parte de la Comisión Tercera del Concejo de Fusagasugá del ingreso a la Región Metropolitana, Vásquez advirtió que las decisiones cruciales para Fusagasugá quedarían sujetas a órganos con sede en Bogotá.
“En la práctica, hay una centralización de las decisiones en Bogotá. Dado el tamaño y poder económico de la capital, las políticas sobre seguridad alimentaria y seguridad ciudadana podrían priorizar las necesidades del centro urbano sobre las realidades rurales y periféricas como las de Fusagasugá. Esto es muy grave”, afirmó la congresista.
La representante también señaló posibles afectaciones en la soberanía y economía alimentaria local. En sus palabras, este tipo de integración podría desplazar la prioridad de consumo interno y de la economía campesina, para centrarla en la exportación y abastecimiento de la capital.
“Puede provocar que en materia de abastecimiento se privilegien corredores logísticos que beneficien a Bogotá, sin tomar en cuenta el impacto sobre los campesinos locales, las economías populares o las formas tradicionales de distribución y venta de alimentos en Fusagasugá”, dijo Vásquez, refiriéndose al riesgo de imposición de prácticas agrícolas intensivas en detrimento del modelo productivo tradicional de la zona.
Respecto al impacto en Sumapaz, la representante advirtió que la región, por su relevancia en recursos hídricos y productivos, podría quedar relegada a desempeñar un papel meramente funcional para Bogotá, enfocándose solo en la provisión de alimentos.
Vásquez señaló que “esto podría imponer un modelo agroextractivista que desconoce las prácticas campesinas sostenibles y genera presiones sobre el territorio, como urbanización, expansión logística y fragmentación ecológica, afectando tanto el ecosistema como la autonomía productiva de la región”.
En el ámbito de la seguridad, Vásquez cuestionó la eficacia de planes uniformes para territorios de características heterogéneas. Sostuvo que “al concentrarse la toma de decisiones en una entidad central, se corre el riesgo de que las estrategias reflejan más los intereses y características de Bogotá, que de las necesidades específicas de municipios con realidades distintas, como Fusagasugá. Los municipios, al verse obligados a adaptarse a lineamientos generales, pueden ver limitada su capacidad para desarrollar iniciativas propias que respondan de forma precisa a sus contextos”.
Sobre experiencias previas, Vásquez citó el caso de Soacha, hoy único municipio miembro de la Región Metropolitana, y aseveró que en ese territorio no se registraron ventajas tangibles tras la adhesión.
“Soacha ingresó a este monstruo en el 2024. El resultado, más homicidios, cero obras y millones desviados en burocracia. Más de 20.000 millones de pesos en contratos de funcionamiento. 4.500 millones de pesos en un micrositio web. Más de 700 millones de pesos en publicidad institucional y 187 contratos en menos de 1 año. ¿Y las obras? Ninguna. Community managers, asesores, diseñadores, pero ni una vía, ni una mejora en transporte, ni en seguridad. Eso le pasó a Soacha: ahora quieren convertir a Fusa en un centro logístico para Bogotá”, denunció la representante.
Vásquez subrayó, además, que aunque el motivo de ingreso para Fusagasugá podría centrarse en seguridad alimentaria y convivencia, nada impediría la posterior ampliación de competencias metropolitanas a otros temas sensibles como la vivienda.
Al respecto, explicó que según el artículo 10 de la Ley 2199 de 2022, la Región Metropolitana tiene atribuciones para planificar, coordinar y financiar proyectos de vivienda, incluidos Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritaria (VIP). Esto limitaría la capacidad de las autoridades locales para diseñar políticas adaptadas a las necesidades específicas del municipio en esta materia.
En ese contexto, la advertencia de Vásquez busca anticipar las implicaciones estructurales, económicas y sociales que podría acarrear para Fusagasugá una unión que, según la representante, corre el riesgo de “privilegiar intereses ajenos” por encima de las realidades y aspiraciones de la comunidad local.