El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella propuso que los ciudadanos colombianos salgan a marchar en defensa del expresidente Álvaro Uribe, que este lunes 28 de julio afronta el sentido del fallo por los delitos de fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal.
“Debemos salir a las calles para demostrarle al mundo que más allá de la persecución jurídica del montaje, el símbolo sigue vivo. Colombianos, demócratas, patriotas. Vamos a la calle a gritar con fuerza. Uribe Inocente. Uribe inocente.”, dijo De la Espriella en un video que publicó en su cuenta de X.
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Para sus seguidores, la causa no se limita a la defensa de un expresidente, sino que encarna la resistencia frente a lo que perciben como una persecución política disfrazada de proceso judicial.
“Hoy hablo desde el corazón, con la serenidad que da la verdad, pero con el dolor profundo de ver cómo se persigue al hombre que salvó a Colombia, que la sacó del foso. El juicio contra el presidente Álvaro Uribe Vélez es un proceso que no es jurídico porque es un montaje político, una cacería orquestada para destruir precisamente al símbolo de la resistencia, al gran líder que enfrentó el terrorismo y le devolvió la esperanza a nuestra nación.”, aseveró el también abogado en el metraje.
Los pormenores del caso Uribe: de acusar a acusado
El expresidente, figura clave en la historia reciente de Colombia, enfrenta uno de los episodios judiciales más determinantes de su vida pública.
La historia se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema, acusándolo de buscar “falsos testimonios” para vincularlo con el paramilitarismo. Pero en 2018, la Corte no solo archivó la investigación contra Cepeda, sino que abrió una contra el propio Uribe: según el alto tribunal, había indicios de que el expresidente y su entorno habrían presionado a exparamilitares presos para que declararan contra Cepeda y, de paso, lo exculparan a él.
Uno de los momentos clave en la investigación fue la revelación de interceptaciones legales hechas por la Corte Suprema a Uribe. Las grabaciones, obtenidas por error durante una investigación a un congresista cercano, dejaron ver que el expresidente sí conocía —y en algunos casos dirigía— contactos con testigos. Entre ellos, el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve fue central: este recluso aseguró que Uribe había buscado su retractación a través de terceros.
En agosto de 2020, Uribe renunció al Senado, lo que obligó a que su caso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación. Esto cambió radicalmente el rumbo del proceso. En 2021, el fiscal Gabriel Jaimes pidió precluir el caso, asegurando que no había pruebas suficientes para imputarle delitos.
Sin embargo, dos jueces —en 2022 y 2023— rechazaron esa solicitud, argumentando que sí existían elementos que ameritaban continuar con la investigación. Uno de los fallos incluso señaló que había “manifiesta voluntad de manipulación de testigos”.
En 2024, tras el fracaso de la Fiscalía por cerrar el caso, el nuevo fiscal Gilberto Villarreal presentó imputación formal contra Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La defensa ha sostenido que las gestiones del expresidente buscaban desmentir a quienes lo calumniaban y que no incurrió en hechos ilegales, pero el ente acusador aseguró que hubo un patrón sistemático para alterar testimonios.
Durante las audiencias preparatorias de 2025, la Fiscalía presentó más de 50 pruebas, incluidas interceptaciones, testimonios, chats y visitas a cárceles. La defensa de Uribe ha cuestionado su legalidad y ha insistido en que se trata de una persecución política.
El caso ha generado un debate profundo en la opinión pública: para algunos, se trata de una venganza judicial contra un expresidente que combatió frontalmente a las guerrillas; para otros, es un símbolo de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera uno de los hombres más poderosos del país.
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