Por medio de un comunicado compartido por el secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, el distrito denunció y rechazó el bloqueo que se está presentando en el parque Nacional de la capital por parte de voceros de la población indígena embera allí asentada. El bloqueo está dirigido estrictamente a funcionarios distritales, entre ellos, los responsables de prestar servicios sociales, educativos y de salud.
De acuerdo con la denuncia del distrito, en medio del bloqueo, se han presentado casos de violencia, actos de negligencia y hechos que vulneran los derechos humanos. Desde el 20 de mayo de 2025, fecha en la que se instaló la vía de hecho en el parque Nacional, los funcionarios han identificado 795 situaciones de riesgo, de las cuales 283 corresponden a casos en los que los menores de edad han sido las víctimas.
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Ni los trabajadores del distrito ni por las autoridades han podido atender a cabalidad estas situaciones debido a las restricciones impuestas por los voceros. Esto, pese a que se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) con presencia institucional permanente, que se centra en identificar riesgos, activar rutas de atención y acompañar a la población afectada por hechos de violencia.
“La ausencia de los equipos técnicos en este espacio, producto de la decisión de los voceros embera, ha limitado gravemente la capacidad de identificar, prevenir y activar rutas de atención oportunas, incrementando los riesgos especialmente para niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas gestantes”, detalló.
La situación es tan grave, que 240 niñas, niños y adolescentes, que representan el 50% de la población que está inmersa en el bloqueo, no están accediendo a servicios de salud, acompañamiento psicosocial y educación. Algo que también afecta a las demás personas que permanecen en la vía de hecho.
El 1 de julio de 2025, el secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, informó que los adultos indígenas estaban impidiendo el traslado de menores de edad a sus colegios y jardines, bajo el argumento de que primero se debía garantizar la entrega de mercados que ofreció la Unidad para las Víctimas.
Medidas tomadas por el Distrito
Entre las acciones que han tomado las autoridades distritales para hacer frente a la situación está la realización de 544 recorridos, que equivalen a ocho por día, en los que los funcionarios han podido percatarse de los escenarios de riesgo que se están presentando al interior del bloqueo.
Además, se ha intentado garantizar la educación de los menores de edad, disponiendo de buses y equipos técnicos que se encargan de llevarlos hasta jardines infantiles, colegios y Centros Amar donde están recibiendo protección y formación. En esos lugares también reciben alimentación y atención psicosocial.
No obstante, la capacidad de acción del distrito se ha visto seriamente limitada y su ausencia está poniendo en riesgo la integridad y la vida de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes. “Este bloqueo constituye una grave vulneración de derechos de esta población que es sujeto de especial protección constitucional. En ese sentido, la suspensión del acompañamiento ha limitado la atención oportuna y profundizado las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad”, afirmó.
En consecuencia, el distrito denunció penalmente a los voceros de la población indígena, con el fin de evitar la profundización de los hechos de violencia que se están presentando. Asimismo, afirmó que continuará tomando las medidas que se requieran para garantizar la protección de la comunidad afectada.
“La protección de los derechos de los niños y las niñas en Bogotá no es negociable, y se adelantarán todas las acciones necesarias para proteger los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres que allí permanecen”, concluyó.