El Consejo de Estado habría dejado en firme la elección de Jaime Dussán Calderón como presidente de Colpensiones, tras resolver la controversia sobre la validez de sus títulos académicos obtenidos en España.
El proceso judicial se originó por una demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia, que cuestionó la idoneidad académica de Dussán.
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La parlamentaria argumentó que los títulos obtenidos en España no habrían sido convalidados dentro de los plazos establecidos por la normativa colombiana.
De acuerdo con Paloma Valencia, esta supuesta irregularidad invalidaría el nombramiento de Dussán al frente de la entidad encargada de administrar el sistema pensional en Colombia.
Según Caracol Radio, el 24 de julio el Consejo de Estado habría confirmado la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ya había rechazado las pretensiones de la senadora.
La corporación judicial habría determinado que la demora de aproximadamente dos meses en la presentación del título homologado no podría atribuirse a Dussán, sino a una mora administrativa del Ministerio de Educación Nacional, responsable de tramitar la homologación de títulos extranjeros.
En el fallo, el Consejo de Estado habría señalado que “la extemporaneidad en la presentación del título debidamente homologado no puede atribuirse al doctor Jaime Dussán Calderón, pues la mora del Ministerio de Educación Nacional no es una carga que deba soportar el convalidante del título”.
Esta afirmación sería el eje central que despejaría el camino para la continuidad de Dussán en el cargo.
La elección de Jaime Dussán como presidente de Colpensiones había generado polémica, especialmente porque este cargo es clave en la administración de las pensiones en el país y se encuentra en un momento crucial debido a la inminente revisión de la Reforma Pensional por parte de la Corte Constitucional
El caso se remonta al 23 de noviembre de 2022, fecha en la que la junta directiva de Colpensiones nombró a Dussán como presidente y le otorgó un plazo inicial de un año para que su maestría, obtenida en la Universidad Autónoma de Barcelona, fuera convalidada por el Ministerio de Educación.
Posteriormente, se concedió una prórroga de dos años, que expiró en diciembre de 2024.
Sin embargo, según la denuncia de Valencia, los documentos requeridos solo se entregaron meses después del plazo establecido, lo que constituye, a su juicio, un incumplimiento de los requerimientos legales para ejercer la presidencia de la entidad.
Valencia ha sido enfática al señalar que la junta directiva debe proceder con la remoción de Dussán, ya que no presentó los documentos necesarios para acreditar su experiencia y formación.
“Que, entre otras, quedó mal acreditada”, subrayó la congresista al dar a conocer el fallo del alto tribunal. Además, ha recordado que el propio Dussán reconoció en su defensa que no ha completado la convalidación de su título, un máster en Dirección en Relaciones Públicas y Gabinetes de Comunicación.
En una respuesta escrita a la senadora, Dussán sostuvo: “Puedo ejercer mi cargo como director de Colpensiones sin que medie la convalidación del título máster”, argumento que Valencia rechaza al afirmar que el manual de funciones de la entidad exige un posgrado válido para quien ocupe la presidencia.Un elemento central de la disputa jurídica radica en la naturaleza del título obtenido por Dussán.
Según la documentación presentada y la confirmación de la Universidad Autónoma de Barcelona, se trata de un título propio, lo que significa que no tiene carácter oficial fuera del contexto académico interno en España y, por tanto, no es susceptible de convalidación en Colombia.
Valencia ha insistido en que esta condición excluye a Dussán de cumplir con los requisitos legales para el cargo, y ha respaldado su posición con la documentación aportada por el propio presidente de Colpensiones.
La controversia ha adquirido un matiz político, dado que Dussán es un antiguo aliado del presidente Gustavo Petro desde su militancia conjunta en el Polo Democrático.
La senadora Valencia, en su calidad de opositora, ha utilizado sus redes sociales para expresar su rechazo a la continuidad de Dussán y ha advertido: “No vamos a permitir que manejen Colpensiones como si fuera su finca”.
Además, había solicitado a la Procuraduría la apertura de una investigación disciplinaria contra los responsables de la designación y permanencia de Dussán en el cargo, situación que quedó desecha tras la decisión del Consejo de Estado.