El presidente de la República, Gustavo Petro, encabezó el 21 de junio de 2025, en el sector de La Alpujarra de Medellín, un acto en el que llevó a nueve cabecillas de organizaciones criminales, todos presos en la cárcel de Itagüí, a la tarima principal para presentarlos como voceros del proceso de la llamada paz urbana.
El evento, que fue bautizado como el tarimazo, generó una amplia ola de indignación en la opinión pública, especialmente en la oposición, al conocerse que fue el propio jefe de Estado el que ordenó la salida de los cabecillas recluidos en el centro de reclusión, de acuerdo con un documento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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La presencia de estos miembros de estructuras criminales, sumada a la de figuras políticas con aspiraciones electorales, generó además una oleada de denuncias y críticas desde distintos sectores políticos, que cuestionan la legitimidad y la legalidad de la actuación presidencial.
Los cabecillas que estuvieron en la tarima con Petro fueron Juan Carlos Mesa Vallejo, más conocido como Tom; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Freyner Alfonso Ramírez García, identificado como Carlos Pesebre; y Walter Alonso Román Jiménez, apodado El Tigre, entre otros. Y fueron transportados sobre el medio día a la tarima y regresaron al penal alrededor de las 10:00 p. m., según confirmaron fuentes del Inpec (que mantienen bajo custodia a los cabecillas) al El Colombiano.
Comisión de Acusación asumirá la investigación por el evento
Un mes después del controvertido evento se conoció que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la única facultad encargada de investigar a un presidente en Colombia, asumirá la investigación del controvertido evento.
El concejal de Medellín Alejandro de Bedout, que radicó la denuncia, fundamentó la acción judicial en la presencia en el escenario del exalcalde de la ciudad Daniel Quintero, que ha expresado su intención de postularse a las elecciones de 2026, y alertó sobre una posible participación indebida en política del exmandatario, según recogió Blu Radio.
En ese sentido, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes notificó formalmente a De Bedout que ha asumido el conocimiento de su denuncia. El concejal sostuvo que, aunque Daniel Quintero no tomó la palabra durante el evento, recibió un trato preferente y fue objeto de exaltación simbólica por parte del equipo de Gobierno. Según De Bedout, este tipo de acciones otorgan visibilidad y respaldo a un precandidato, lo que podría vulnerar la neutralidad exigida a los servidores públicos y constituir una infracción disciplinaria.
“La utilización de un acto gubernamental para otorgar visibilidad, reconocimiento y respaldo simbólico a un precandidato vulnera principios electorales, contraviene el deber de neutralidad que recae sobre los servidores públicos y puede configurar participación indebida en política”, sugirió el cabildante distrital en su denuncia, de acuerdo con la información recabada por la citada emisora.
El organismo parlamentario ha dispuesto la realización de una diligencia para que De Bedout ratifique y amplíe los hechos expuestos en su denuncia. Además, la Comisión notificará al procurador General Gregorio Eljach sobre las próximas actuaciones relacionadas con el caso.
La investigación se enmarca en un contexto de creciente escrutinio sobre la conducta de los funcionarios públicos en actos oficiales, especialmente cuando estos coinciden con procesos electorales en ciernes.
El episodio del 21 de junio no solo ha puesto en el centro del debate la relación entre el Gobierno nacional y actores del proceso de paz urbana, también ha reavivado la discusión sobre los límites de la participación política de los altos funcionarios. La denuncia de De Bedout y la decisión de la Comisión de Investigación y Acusación de avanzar en el caso marcan un nuevo capítulo sobre la conducta presidencial en Colombia.