Días antes de ser designado oficialmente nuevo ministro de Justicia del Gobierno del presidente Gustavo Petro, el exfiscal general de la Nación Eduardo Montealegre transfirió la totalidad de las acciones de su empresa Economía, Derecho y Sociedad S.A.S. a su esposa, Tania Marcela Hernández.
El movimiento societario se formalizó el 5 de junio de este año, exactamente una semana antes de que la Casa de Nariño oficializara su llegada al gabinete ministerial.
La firma, constituida para la prestación de servicios legales y de representación, mantenía en ese momento contratos con varias entidades del Estado colombiano por un valor superior a los 1.700 millones de pesos, de acuerdo con información que el concejal de Bogotá Daniel Briceño difundió a través de sus redes sociales y que aparece respaldada en el portal oficial de contratación pública (Secop).
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Uno de los principales contratos vigentes corresponde a la prestación de servicios de asesoría y defensa judicial para Rtvc Sistema de Medios Públicos, entidad responsable de la radio y televisión pública en el país.
De ese monto global, cerca de 820 millones de pesos están asociados específicamente a los servicios prestados a Rtvc, que incluyen la representación de la entidad y de su gerente, Hollman Morris, ante posibles denuncias o procesos legales.
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Dentro de esos procesos se contemplan litigios relacionados con figuras políticas como la senadora María Fernanda Cabal, según se desprende de los detalles expuestos por Briceño.
La operación de cesión gratuita de las acciones se realizó mediante acta notarial, dejando la empresa bajo la titularidad completa de Hernández.
Menos de una semana después, el 12 de junio, la sociedad ya en manos de la esposa del ministro radicó una factura por servicios ante Rtvc.
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A la fecha, el contrato se mantiene activo, con pagos mensuales del orden de cuarenta millones de pesos y una proyección de facturación cercana a los quinientos millones de pesos adicionales durante lo que resta de 2025.
Si bien Eduardo Montealegre ya no figura formalmente como socio ni representante de la compañía desde que asumió el cargo ministerial, el vínculo contractual con una entidad pública y la continuidad de los pagos han suscitado cuestionamientos desde distintos sectores sobre eventuales conflictos de interés y la suficiencia de los mecanismos de transparencia.
El debate en torno a la situación se ha visto alimentado por la persistencia de relaciones contractuales que, aunque amparadas dentro de los márgenes legales de la cesión de acciones, mantienen como beneficiaria a la familia del alto funcionario.
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Hasta el momento, ni el Ministerio de Justicia ni Rtvc han emitido pronunciamientos detallados sobre los señalamientos, aunque la información de los contratos se encuentra disponible en los registros públicos de contratación estatal.
El caso agrega un elemento más a la discusión sobre los vínculos entre altos cargos del Ejecutivo y la contratación pública en Colombia, especialmente en lo que respecta a eventuales zonas grises en la delimitación de intereses privados y responsabilidades oficiales.
Por ahora, la atención se centra en la evolución del contrato con Rtvc, en tanto la sociedad Economía, Derecho y Sociedad S.A.S. continúa figurando como prestadora de servicios legales para la defensa de la entidad y de su directiva.
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