Con el inicio de la última legislatura del Gobierno de Gustavo Petro, también se han empezado a radicar los proyectos con los que los congresistas buscan influir en el debate público.
Una de las iniciativas que fue radicada y que ha generado controversia fue la del representante a la Cámara por Cambio Radical Óscar Campo, del departamento del Cauca. El proyecto pretende regular la protesta en vía pública para garantizar los derechos de todos los ciudadanos.
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“Con esta iniciativa no se busca restringir el derecho a la protesta, sino establecer unos límites razonables, donde haya un equilibrio entre los que quieren manifestarse pacíficamente, pero a la vez también de los que necesitan movilizarse por las vías”, aseguró durante el evento de radicación, la también representante por Cambio Radical Carolina Arbeláez.
El documento es enfático en que la iniciativa no busca restringir el derecho fundamental a la protesta o la libertad de expresión de los ciudadanos, sino, por el contrario, establecer un equilibrio que le garantice a los colombianos no verse afectados por los bloqueos o alteraciones del orden público que deriven de las protestas.
El representante autor del proyecto también destacó que producto de las manifestaciones en Bogotá y otras regiones del país, quienes no participan de la protesta son los más afectados, dado que se limita el acceso a servicios médicos o de abastecimiento que, son básicos para las comunidades.
“Lo hemos visto repetidamente, especialmente en la vía Panamericana: protestas que pierden su carácter pacífico y se convierten en bloqueos indefinidos que impiden el acceso a servicios esenciales, provocan la pérdida de empleos e incluso, en algunos casos, obstaculizan el paso de ambulancias. En esas circunstancias, dejan de ser legítimas, se salen del marco de protección constitucional y afectan gravemente los derechos de los demás”, declaró el representante Campo en una salida a medios.
Ocampo también aseguró que entre 2023 y 2024 se registraron 1.900 bloques de las carreteras del país, lo que generó perdidas cercanas a los $1,6 billones, tan solo en los departamentos de Cauca y Nariño que, son además, los más afectados por las protestas en el país.
Estas cifras son sustentadas por el también representante Juan Daniel Peñuela, firmante de la iniciativa, que afirmó que entre 2019 y 2025, según la Policía Nacional, cerca del 72% de los departamentos se han visto afectados por manifestaciones que terminan en bloqueos de las vías.
“Que el derecho a la protesta no nos genere mayor pobreza, mayor pérdida de empresas, mayores tragedias en la salud y otros derechos como el derecho al trabajo”, aseguró el representante sobre el objetivo de su proyecto.
La iniciativa la respaldan los representantes a la Cámara de Cambio Radical: Juan Daniel Peñuela, Christian Garcés, Betsy Judith Pérez, Jaime Rodríguez, Jairo Humberto Cristo, Carolina Arbeláez, Lina María Garrido, Hernando González, John Edgar Pérez, Julio César Triana, Gersel Pérez y el senador Carlos Abraham Jiménez López.
Qué busca el proyecto
El proyecto radicado se basa en el principio de que todos los derechos tienen límites, y que vivir en sociedad significa también convivir con los derechos de los demás. Por eso, fija condiciones específicas cuando la manifestación se convierte en bloqueo de vías y afecta la vida, la salud, la movilidad o la seguridad de terceros.
A su vez, reconoció la protesta pacífica como un derecho fundamental, protegido por la Constitución y los tratados internacionales. Sin embargo, estableció límites claros cuando esta se convierte en un bloqueo que afecta derechos esenciales.
La iniciativa, adicionalmente, regula de forma responsable el uso excepcional de la fuerza pública, dando especial énfasis al diálogo obligatorio antes de recurrir a este recurso. Además, crea mecanismos como la llamada “Comisión de Diálogo y Mediación” y el Puesto de Mando Unificado (PMU), para gestionar institucionalmente las manifestaciones y evitar el escalamiento de los conflictos sociales.