La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) hizo pública una solicitud formal dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, en la que pide una audiencia de carácter urgente con el fin de abordar una serie de preocupaciones relacionadas con el sistema de salud del magisterio. El sindicato, que representa a los docentes del país, busca que el Gobierno adopte medidas inmediatas para garantizar la estabilidad y continuidad de su modelo de atención médica, el cual funciona bajo un esquema especial exceptuado del régimen general de seguridad social.
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Domingo José Ayala, presidente de Fecode, junto con la secretaria general, Ruth Mariela Fernández, firmaron la comunicación en la que detallan siete puntos prioritarios que esperan discutir directamente con el mandatario. Según la Federación, la atención médica para los maestros y sus familias enfrenta riesgos importantes debido a dificultades operativas, contractuales y de vigilancia de recursos.
Entre las principales solicitudes, el magisterio propone que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) sesione de forma continua para atender de manera inmediata los problemas que han surgido y evitar interrupciones en la contratación de los servicios de salud, cuyo plazo vigente expira el próximo 31 de julio. Fecode considera que la permanencia del Consejo permitiría tomar decisiones oportunas y ejercer una vigilancia efectiva sobre el manejo de los recursos.
Otro de los temas críticos expuestos por el gremio docente es la necesidad de definir un manual tarifario ajustado a las características específicas de la población cubierta por el Fomag. Para la Federación, un documento de este tipo ayudaría a controlar costos y evitar abusos en los pagos, especialmente los relacionados con la facturación por eventos médicos.
En su comunicación, Fecode también insistió en la urgencia de crear una red nacional de prestadores de servicios de salud que garantice la atención continua y de calidad a los docentes y sus familias en todas las regiones del país. La organización advirtió que la falta de definición de esta red pondría en riesgo la continuidad de los servicios una vez expiren los contratos actuales.
El sindicato reiteró su defensa de la Ley 91 de 1989, norma que sustenta la existencia de un modelo de salud independiente del régimen general y que fue ratificada posteriormente por la Ley 100 de 1993. No obstante, señaló que la calidad de la atención ha venido en deterioro, por lo que se requieren ajustes inmediatos para asegurar la estabilidad y la seguridad jurídica tanto de los usuarios como de los proveedores.
Dentro de sus peticiones, Fecode pidió además que la Fiduciaria La Previsora, entidad encargada de administrar los recursos del Fondo, actúe en estricto cumplimiento de la Ley 91 y de los acuerdos recientes aprobados por el Consejo Directivo del Fomag Asimismo, solicitaron que se avance en la implementación del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se asignen los recursos necesarios y se vigile su ejecución.
Otro punto destacado en la lista de preocupaciones es la situación del suministro de medicamentos. La Federación instó al Gobierno a garantizar de forma inmediata la disponibilidad de fármacos requeridos por los maestros y sus familias, con el fin de cubrir oportunamente los tratamientos necesarios.
Finalmente, Fecode propuso al Ejecutivo exigir un mayor alcance en las investigaciones relacionadas con hallazgos detectados por la Contraloría General de la República en auditorías recientes al Fomag. Según el sindicato, los informes de la Contraloría no solo evidencian problemas en la prestación de servicios de salud, sino también irregularidades en el reconocimiento y pago de prestaciones sociales a docentes y beneficiarios.
Frente a la urgencia de resolver estos asuntos, la Federación convocó para el 28 de julio una Junta Directiva Nacional con el propósito de evaluar la evolución de la situación y determinar eventuales decisiones gremiales. El sindicato ha manifestado que espera respuestas concretas y acciones inmediatas que garanticen la sostenibilidad del modelo de salud que ampara a miles de docentes y sus familias en el territorio nacional.
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