Un interno falleció y al menos diez personas resultaron heridas tras un motín registrado hacia el mediodía del sábado 19 de julio de 2025 en el bloque uno de la cárcel de máxima seguridad San Isidro, en Jamundí (Valle del Cauca).
La información preliminar apunta que el altercado ocurrió entre los internos de dos pabellones, dejando varios lesionados, que fueron trasladados al hospital Piloto del municipio vallecaucano para recibir atención médica.
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Hasta el momento no se han revelado las causas del altercado ni las identidades de los afectados. Lo que se conoce extraoficialmente es que el conflicto se habría originado por problemas de convivencia.
Entre tanto, personal de seguridad y organismos de salud continúan atendiendo la emergencia y adelantando las labores para restablecer el orden en el centro penitenciario. Las investigaciones siguen en curso.
La cárcel de Jamundí: antecedentes de violencia y crisis sanitaria
El establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Jamundí, ubicado en el corregimiento El Guabal, fue escenario de varios hechos violentos y alteraciones al orden público que han dejado saldos fatales.
Por ejemplo, el 9 de noviembre de 2024 se registró una riña al interior de uno de los pabellones del centro penitenciario. Durante el enfrentamiento, murió el recluso Juan Diego Rojas Pérez, que fue asesinado con un arma de fuego por otro interno.
Según el El Tiempo, el presunto responsable fue identificado como Jhon Stiven Idrobo Pérez, alias Yerry, señalado cabecilla del grupo Los Rastrojos y oriundo de Cartagena, que purgaba condena en el penal por varios delitos.
De otro lado, el primer fin de semana de noviembre de 2024, la seguridad del penal se vio comprometida nuevamente debido a un ataque con un dron cargado de explosivos, dirigido contra un privado de la libertad que regresaba tras un permiso de salida.
Un comunicado de la Administración municipal señaló que se utilizó un artefacto explosivo, aparentemente una granada, cuando el interno ingresaba de nuevo a la cárcel. Este mismo fin de semana, un ciclomotor abandonado explotó cerca de las instalaciones, generando caos y desconcierto entre la población.
La Policía Nacional y la Alcaldía actuaron en conjunto para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona. El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que el ataque coincidió con la llegada del recluso tras un permiso de 72 horas.
Tanto el interno como su esposa sufrieron heridas leves; ella fue trasladada a un centro asistencial y posteriormente dada de alta, mientras que el hombre recibió atención en la prisión y se recuperó de las lesiones.
Imágenes del hecho permitieron observar que, además de los que ingresaban al penal, otras dos personas que circulaban en motocicleta fueron alcanzadas por la onda explosiva y quedaron heridas en el exterior del reclusorio. Las autoridades no descartaron la posibilidad de que estos hechos hayan intentado distraer la atención para ejecutar otro atentado.
Motín en cárcel del país en señal de protesta
Asimismo, este tipo de acciones han sido utilizadas por los reclusos como tipo de protesta.
El lunes 4 de noviembre de 2024 se registró un motín en la cárcel de La Ceja del Tambo, de Antioquia, donde un grupo de privados de la libertad prendió fuego a varios colchones en un supuesto intento de fuga, lo que provocó un incendio en las instalaciones del centro penitenciario.
La magnitud de la emergencia exigió la intervención de integrantes del Inpec y de la Policía Nacional, que acudieron al lugar para atender la situación y verificar lo ocurrido.
Según el medio local Mi Oriente, los guardias del Inpec desempeñaron un papel fundamental al lograr apagar las llamas, evitando que el incendio se propagara y causara mayores daños.
El mismo medio difundió un video en el que uno de los supuestos líderes del motín, con el rostro cubierto, explicó las razones que llevaron a los internos a tomar esta decisión. En sus declaraciones, el vocero denunció vulneraciones de derechos al interior de la cárcel, entre ellas la restricción de comunicación con visitantes, la prohibición de ingreso de medicamentos y alimentos, la escasa duración de las visitas conyugales y el mal estado de las instalaciones. Además, pidió el cambio del inspector encargado, mostrando varias hojas que, según indicó, contaban con más de 200 firmas de presos respaldando la solicitud.