Las recientes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez han resaltado el modo en que las dinámicas judiciales y políticas en Colombia se entrelazan en la coyuntura electoral.
Mientras crecían las especulaciones sobre una eventual candidatura vicepresidencial del exmandatario para 2026, Uribe ha dejado claro que no asumirá ese camino, citando tanto el ambiente institucional como el proceso judicial en su contra.
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“No puedo considerar ser candidato a la vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones. Publico esta decisión, a pesar de estar afrontando un proceso judicial injusto que refleja la politización en algunas instituciones”, explicó el expresidente Uribe en su cuenta oficial de X, antes Twitter.
La propuesta buscaba consolidar al exmandatario como figura central de la oposición democrática para enfrentar al gobierno del presidente Gustavo Petro y los sectores alineados con el expresidente Juan Manuel Santos.
Según consignó W Radio, todo comenzó cuando Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente, hizo pública una carta en sus redes sociales en la que sugería que su padre podría postularse como vicepresidente en las próximas elecciones.
“Álvaro Uribe es el único líder que puede unir a la oposición democrática (...) Petro y Santos buscan neutralizarlo judicialmente antes de 2026, conscientes de que su participación, especialmente como vicepresidente, sería clave para derrotarlos”, afirmó Tomás Uribe, según el mencionado medio.
En su mensaje, el expresidente Uribe también realizó graves acusaciones sobre el sistema judicial y los actores que participan en su proceso.
Señaló directamente al ministro Eduardo Montalegre, reseñando que “el ministro Montalegre, presunta víctima mía, ha llevado a trabajar con él en el ministerio a la esposa de su cercano fiscal Mejía, quien encarceló y pidió condenar a mi hermano. Este fiscal fue cuota de Leónidas Bustos, prófugo del Cártel de la Toga”.
De esta manera, el expresidente apuntó a presuntas redes de influencia y favores dentro de los organismos judiciales, vinculando su situación jurídica con vendettas políticas, un tema que ha estado presente en el discurso uribista en los últimos años.
El intercambio entre padre e hijo ocurre cuando el país se prepara para la decisión de la jueza Sandra Heredia, quien el 28 de julio deberá anunciar el sentido de la sentencia en el proceso contra Uribe por supuesta manipulación de testigos.
Desde el entorno familiar y político del exmandatario, la causa penal es percibida como un movimiento para apartarlo definitivamente del panorama electoral. Tomás Uribe, en su carta, lo expresó sin titubeos: “La posible inhabilitación de Álvaro Uribe”.
Este escenario abrió una discusión sobre la viabilidad legal de que Uribe Vélez pudiera ocupar la vicepresidencia, tema que fue abordado por diversos expertos y medios.
La Constitución colombiana establece, en su artículo 197, que “quien a cualquier título haya ejercido la Presidencia no podrá ser elegido para ese cargo por ningún motivo”. Por su parte, el artículo 204 aclara que “el vicepresidente tendrá las mismas calidades e inhabilidades del presidente”.
Esta interpretación ha llevado a juristas y analistas a considerar que la postulación de Uribe a la vicepresidencia podría verse truncada por el marco constitucional vigente.
El trasfondo de estas posturas radica también en la polarización política que atraviesa Colombia, donde las rivalidades entre los sectores cercanos a Gustavo Petro, el llamado “petrismo” y el bando identificable como “santismo” mantienen una lucha judicial y mediática contra el uribismo.
Defensa de Uribe denuncia ante la ONU presión indebida de Timochenko y Cabello
El abogado internacional Víctor Mosquera denunció ante organismos internacionales que declaraciones de Rodrigo Londoño (Timochenko) y Diosdado Cabello buscan influir en el fallo contra Álvaro Uribe, previsto para el 28 de julio de 2025.
Señaló que estos pronunciamientos, hechos por figuras con antecedentes penales, constituyen una presión indebida sobre la justicia colombiana. Mosquera pidió a la ONU y la Cidh que exhorten al Estado a proteger la independencia judicial.
Según el jurista, permitir estas interferencias socava el Estado de derecho y la imparcialidad del proceso, en el que Uribe enfrenta cargos por soborno y fraude procesal.