El jueves 17 de julio comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación un borrador de proyecto de ley atribuido al Gobierno nacional, el cual plantea un tratamiento penal diferenciado para integrantes de grupos armados ilegales y estructuras de crimen organizado.
El documento propone, entre otros puntos, penas alternativas que no superarían los ocho años de prisión para cabecillas de estas organizaciones, y plantea la posibilidad de que cumplan su condena en lugares distintos a las cárceles tradicionales, incluyendo centros de “armonización” administrados por autoridades étnicas.
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No obstante, el Ministerio de Justicia y del Derecho, liderado por Eduardo Montealegre, emitió un comunicado oficial en el que aclara que ese texto “no corresponde al Proyecto de Paz Total que será presentado mañana a consideración del Consejo de Política Criminal”, y subrayó que el proyecto definitivo “está aún en proceso de elaboración y consultas con muchos sectores y actores”.
“El documento que está circulando no es oficial, contiene muchas diferencias, desinformación y se falta a la verdad en algunos contenidos de los medios”, advirtió Montealegre.
Lo que diría el borrador: penas reducidas, condiciones especiales y justicia transicional para narcos
El documento filtrado, titulado “Proyecto de ley por medio del cual se establece un tratamiento penal diferenciado para integrantes de grupos armados y de estructuras de crimen organizado”, establece una serie de medidas excepcionales que serían aplicadas en el marco de acuerdos de paz o de sometimiento voluntario a la justicia.
En su artículo primero, el borrador afirma que el objetivo es definir un “tratamiento penal especial y diferenciado”, incluyendo reglas para investigación, juzgamiento y sanción tanto de integrantes directos como de financiadores, colaboradores y beneficiarios de los grupos armados o criminales.
De acuerdo con el texto, los jefes de estructuras armadas involucrados en graves violaciones a derechos humanos o crímenes de guerra recibirían penas alternativas de entre cinco y ocho años, mientras que miembros sin capacidad de decisión podrían enfrentar penas de entre dos y cinco años. Quienes hayan incurrido únicamente en delitos como concierto para delinquir podrían acceder a mecanismos de terminación anticipada del proceso penal.
Una de las propuestas más llamativas del documento es que las penas no serían cumplidas necesariamente en centros penitenciarios tradicionales. El artículo 35 establecería que el Gobierno podrá disponer de colonias agrícolas, zonas de ubicación temporal, regiones de paz o incluso casas de armonización para personas pertenecientes a comunidades étnicas.
Acogimiento voluntario y condiciones para acceder a los beneficios
Para acogerse al tratamiento penal especial, los beneficiarios deberán firmar un acta de acogimiento que implique, entre otros compromisos:
- Dejación de armas
- Entrega de bienes e información sobre la estructura criminal
- Contribución a la verdad y reparación de víctimas
El texto también contemplaría que los procesados que ya estén privados de la libertad y hayan cumplido más de cinco años de detención podrían acceder a libertad condicional, mientras que quienes lleven menos tiempo serían trasladados a pabellones especiales para la paz, según las condiciones establecidas por el Gobierno.
Asimismo, se establece que las penas pueden ser revocadas si el beneficiario reincide en actividades delictivas o vuelve a las armas, lo cual activaría la ejecución de la pena principal impuesta.
Cabe recordar que el Consejo de Política Criminal es el órgano interinstitucional encargado de evaluar y formular recomendaciones sobre políticas penales en Colombia. Su función es revisar proyectos de ley con implicaciones jurídicas y sociales significativas, como en este caso, donde se propone una transformación profunda del tratamiento penal para integrantes de estructuras armadas.
Según lo que ha explicado el Ministerio de Justicia, será ante este consejo que se presentará oficialmente la versión definitiva del proyecto dentro de la llamada Paz Total, una de las políticas bandera del Gobierno Petro, que busca desactivar todas las formas de violencia armada mediante negociaciones, sometimientos y justicia restaurativa.