La Fiscalía General de la Nación entregó las pruebas que apuntan a la existencia de una organización criminal, presuntamente dirigida por Jonathan Vásquez, alcalde de Barrancabermeja, para asegurar votos, durante los comicios que lo llevaron al poder, en 2023.
La Fiscalía presentó ante la jueza Tercera Penal de Barrancabermeja un expediente que implica directamente al alcalde Jonathan Vásquez en el armado de una plataforma “criminal” destinada a garantizar su elección, en coordinación con varios aspirantes al Concejo y particulares, según la acusación del fiscal Joseph Berdugo Jaramillo.
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La compra de estos votos habría sido mediante dinero, promesas laborales y presiones a sus electores, según la Fiscalía.
El documento sostiene que Vásquez y sus aliados habrían ofrecido desde $100.000 hasta beneficios como garantías de estudio, trabajo y promesas de no desalojo, a cambio del apoyo en las urnas el 29 de octubre de 2023, informó el diario santandereano Vanguardia.
La investigación recolectó pruebas que cubren el periodo de junio a octubre de 2023, cuando Vásquez aún era candidato, periodo en el que —según el escrito— el acusado aspiradba a la Alcaldía.
Reza el documento citado por el diario bumangués que Vásquez no habría actuado solo: “Igualmente, Ariel Zambrano y Carlos Guevara quienes eran candidatos al Concejo, y el señor Michael Vázquez, así como otros particulares y personas que aspiraban a ocupar cargo de concejal en Barrancabermeja, se concertaron con el fin de cometer delitos indeterminados. Principalmente los atentatorios contra los mecanismos de participación democrática, con el fin de lograr la elección de los antes mencionados”.
Así habría funcionado la “estructura”
Según el fiscal, Vásquez habría financiado personalmente las operaciones y supervisado la entrega de pagos y bonificaciones a “líderes” que luego acreditaron a electores con nombre, cédula y teléfono. Estos ciudadanos recibieron dinero a cambio de su voto para Vásquez, así como para los candidatos al Concejo Ariel Zambrano y Carlos Guevara.
Dentro de la trama, el medio conoció que la Fiscalía identificó el uso de un grupo de WhatsApp, bautizado “Campaña Elecciones 2023”, donde los implicados coordinaban pagos, logística y entrega de refrigerios el 29 de octubre.
El expediente describe a los líderes encargados de reclutar votantes, entre quienes figuran Yurladis Duarte, Nodier Urrea, Esperanza Hernández, Lucía Martínez y otros, responsables de traer nuevos apoyos a las campañas.
Días antes de la elección, operadores de la estructura llamaron a sus listados desde lo que la Fiscalía califica como “call center falso”, para corroborar la intención de voto de quienes serían recompensados.
Según se investiga, las llamadas no solo confirmaban el compromiso sino que, posteriormente, aquellos que cumplían recibían un distintivo o “ficho” que les permitía cobrar la bonificación y evitaba que reclamaran doble remuneración.
Incluso, el portal informativo conoció que durante el fin de semana electoral, la organización alquiló al menos 17 inmuebles denominados “Casas Amigas”, sede temporal para la entrega del dinero. Allí, un sello especial identificaba a quienes ya habían recibido el incentivo, como medida de control frente a abusos internos.
Las presuntas medidas de presión
Adicionalmente, el ente de control sumó otras estrategias de presión, en especial sobre habitantes del asentamiento Villa María, a quienes Vásquez y Guevara habrían garantizado no ser desalojados a cambio de comprometer su voto y los de varios referidos.
El Ministerio Público también señaló que, junto a Osiris Díaz y al candidato al Concejo Edson Rueda, Vásquez ofreció pagar los estudios a cinco ciudadanos identificados, siempre que respaldaran su elección y la de sus aliados.
El ente acusador concluyó que la estructura tuvo un alcance y planeación suficiente para afectar seriamente la transparencia de los comicios en Barrancabermeja. Ahora, la acusación formal incluye los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, constreñimiento al elector y soborno en actuación penal, quedando en manos de la jueza Ana María del Kairo Jiménez el avance y resultado del proceso judicial.