El representante legal de Keralty Juan David Riveros confirmó que una empresa del grupo realizó donaciones por 145 millones de pesos a siete partidos políticos en Colombia antes de las elecciones legislativas de 2022.
La revelación se produjo en una entrevista con Caracol Radio en medio de la disputa entre la compañía y el gobierno nacional por la intervención de la EPS Sanitas.
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Riveros detalló que las donaciones fueron realizadas por la empresa colombiana Queraltisas, constituida en 1991, y que estas se hicieron dentro del marco legal vigente.
“La donación más grande de esos 145 millones de pesos se le dio a los partidos Cambio Radical y Centro Democrático con cuarenta millones de pesos a cada uno”, dijo.
Además, se aportaron 25 millones al Partido Verde, quince millones al Partido de la U, diez millones al Partido Liberal, diez millones a la Alianza Social Independiente y cinco millones al movimiento Justo y Libre.
Según el abogado, todas las donaciones están registradas en la contabilidad de la empresa y en los libros de los partidos receptores.
“Nada se ha hecho de manera oculta, nada se ha hecho por debajo de la mesa, nada se ha hecho buscando ningún favorecimiento”, aseguró el representante legal de la empresa.
Riveros insistió en que los aportes fueron “prácticamente simbólicos” y no buscaban influenciar decisiones legislativas.
“No es como el presidente lo está queriendo mostrar diciendo que nosotros ahora, al momento de la discusión de la reforma a la salud, ‘pagamos a los congresistas’. Eso no es cierto”, añadió Riveros.
Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión entre Keralty y el Gobierno de Gustavo Petro.
El presidente ha calificado a Joseba Grajales, presidente del grupo, como un “criminal” y cuestionado la legalidad de las donaciones, sugiriendo que provienen de una empresa extranjera.
Riveros respondió que Queraltisas es una sociedad constituida y registrada en Colombia, por lo tanto, habilitada legalmente para realizar ese tipo de contribuciones.
“No hay ninguna prohibición legal para que una compañía como estas haya realizado las donaciones de las que estamos hablando”, afirmó.
Además, el abogado señaló que la compañía presentó una denuncia por injuria, calumnia y actos de discriminación contra el presidente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
“Cuando tiene una discrepancia, cuando tiene un conflicto con alguien, lo que tienes que hacer es ponerlo en manos de los jueces”, aseguró.
Riveros también criticó la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Afirmó que tras la intervención se ha evidenciado un deterioro en la prestación del servicio.
“Comparando el año 2023 con el 2024, en que se hicieron las intervenciones, las tutelas aumentaron en un 35%”. Añadió que los tiempos de pago a prestadores se extendieron de 35 días a entre 90 y 120 días.
Respecto al señalamiento del Gobierno sobre presuntas deudas de las EPS con el sistema de salud por más de 100 billones de pesos, Riveros indicó que los datos oficiales hablan de 13.9 billones. “Es una cantidad de dinero importante, pero corresponde a la operación de 50 días del sistema de salud en Colombia”, explicó.
Pese a las tensiones, Riveros aseguró que el grupo tiene la intención de seguir operando en el país: “Llevamos en Colombia más o menos 40 años. Por supuesto que vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para continuar aportando el conocimiento, la experiencia y los servicios de calidad y oportunidad que estamos acostumbrados a darle a los usuarios”.
La EPS Sanitas, propiedad del grupo español Keralty, fue intervenida en abril de 2024 por la Superintendencia de Salud. Desde entonces, el grupo ha cuestionado la legalidad y los efectos de la medida, mientras el Gobierno mantiene una postura crítica sobre su gestión y sus vínculos con actores políticos. El fallo de la Corte que podría revertir la intervención aún no ha sido publicado.