Millonaria inversión en cámaras de seguridad no logra resultados en Bogotá: el 40% de los dispositivos están fuera de servicio

“La vigilancia se ha vuelto un privilegio de quienes pueden pagarla, no un derecho garantizado por el Estado”, denunció la concejala Quena Ribadeneira durante el debate sobre seguridad urbana, que se llevó a cabo en la mañana del miércoles 16 de julio en el Concejo de Bogotá.

La afirmación de la cabildante resume el panorama que enfrenta la capital. Según Ribadeneira, Bogotá cuenta con un sistema de videovigilancia fragmentado, con cobertura desigual y una ejecución presupuestal marcada por retrasos y fallas estructurales.

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Sin embargo, no solo Ribadeneira puso en evidencia la grave situación de seguridad por la falta de dispositivos de videovigilancia de la ciudad, a esta denuncia también se sumó el concejal Óscar Ramírez Vahos, que señaló ineficacia administrativa y la falta de resultados tangibles, pese a las millonarias inversiones realizadas.

De acuerdo con la información proporcionada por ambos cabildantes. actualmente, la ciudad dispone de 5.824 cámaras de videovigilancia propiedad de la Secretaría de Seguridad, pero 1.793 están fuera de servicio, 335 presentan novedades y 168 se encuentran en caída masiva.

Lo anterior significa que cerca del 40% de las cámaras de seguridad no funcionan, dejando a Bogotá sin monitoreo en zonas clave. La situación es especialmente grave en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Engativá, donde se concentran delitos de alto impacto como homicidios, extorsiones y hurtos. En Ciudad Bolívar, de 491 cámaras, 361 requieren mantenimiento correctivo.

El sistema de videovigilancia apenas cubre el 27% del espacio público de la ciudad, lo que implica que el 73% de Bogotá permanece sin monitoreo efectivo. Barrios enteros carecen de herramientas tecnológicas para prevenir o responder ante el crimen. En zonas como Suba y Usaquén, la cantidad de cámaras privadas supera a la de las públicas, lo que evidencia profundas desigualdades en el acceso a la seguridad.

La concejala Ribadeneira también cuestionó la efectividad de la tecnología y los datos oficiales que celebran reducciones en hurtos a personas (19%), residencias (77%) y comercios (50%) durante 2024. “¿Cómo puede decirse que la tecnología está funcionando si el sistema está a medias? Si las cámaras no sirven, si se roban la fibra, si no hay mantenimiento, ¿de qué sirve gastar millones? ¿Dónde están los resultados reales?”, preguntó ante el Concejo.

El artículo 25 del Plan Distrital de Desarrollo plantea el fortalecimiento del sistema C4, encargado de articular la respuesta ante emergencias. Sin embargo, el avance es de apenas el 3% a mitad del gobierno de Carlos Fernando Galán, lo que Ribadeneira calificó como “negligencia institucional”.

Además, criticó el eslogan del actual gobierno: “Si el lema fue Bogotá camina segura, hoy podemos decir que Bogotá está ciega, sorda y sin capacidad de respuesta en muchas de sus zonas más vulnerables. La tecnología sin mantenimiento, sin estrategia y sin impacto en la vida cotidiana es solo publicidad cara”.

Por su parte, el concejal Vahos denunció que la millonaria inversión en videovigilancia, superior a $14.339 millones, destinada a la instalación de 200 cámaras LPR de última tecnología, enfrenta una de las mayores crisis de ejecución presupuestal.

A un año y medio de haberse iniciado, el contrato de suministro e instalación de equipos presenta más de 700 días de retraso, cuatro prórrogas, tres modificaciones contractuales y una ejecución física que no supera el 70%. Actualmente, 150 cámaras permanecen almacenadas y solo 50 han sido instaladas, muchas de ellas aun sin estar plenamente operativas. Desde mayo de 2025, el contrato carece de interventoría formal, lo que compromete el seguimiento técnico, financiero y operativo de las obras.

Ese contrato, parte de una estrategia de fortalecimiento tecnológico con un presupuesto de más de $705.000 millones aprobado por el Concejo, está lejos de convertirse en el proyecto insignia del Plan Integral de Seguridad 2024–2027. Según Vahos, enfrenta problemas estructurales desde su origen: especificaciones técnicas poco claras, falta de experiencia en obras civiles, observaciones sin resolver y una gestión insuficiente de permisos logísticos y eléctricos.

Las cifras oficiales muestran un deterioro en los indicadores de seguridad: 1.204 homicidios en 2024, el pico más alto en ocho años; extorsión con un aumento del 70% en un año; secuestros extorsivos con un crecimiento del 1.200% en el primer trimestre de 2025; y más de 30.000 hurtos a personas registrados en el primer trimestre de 2025.

Vahos afirmó: “Se apostó por la seguridad del siglo XXI, pero la gestión parece seguir anclada en el siglo pasado”. Añadió que “estas cifras no solo no contrastan con el eslogan de la Alcaldía Bogotá camina segura, lo desvirtúan por completo. La realidad es que Bogotá camina entre anuncios incumplidos, improvisación, grandes titulares y falta de toma de acción institucional”.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Seguridad no ha declarado incumplimiento alguno al contratista, optando por continuar el contrato mediante modificaciones y mecanismos que flexibilizan los términos de cumplimiento, sin establecer correctivos.

Vahos exigió una respuesta inmediata de la administración de Galán sobre cinco puntos: declaratoria formal de incumplimiento del contratista, designación urgente de una nueva interventoría, informe técnico-financiero detallado del estado del contrato, plan realista de reactivación con cronograma público y auditoría independiente del sistema de videovigilancia.

Vahos concluyó: “Esto no es solo un llamado político, es una necesidad de ciudad. Bogotá no camina segura. Bogotá camina en la incertidumbre, esperando una gestión pública que esté a la altura del panorama crítico que afrontamos. La administración no puede normalizar lo inaceptable. Bogotá no necesita más anuncios; necesita resultados. Y los necesita ya”.