“El 19 de abril hubo una rebelión palestina, precisamente, cuando empezaba la ocupación. Un 19 de abril aquí nos paramos en rebeldía. Creo que hay otros 19 de abril más por ahí en la historia. Eso nos junta como pueblos del mundo que nos hemos levantado en rebeldía porque queremos ser demócratas y libres”, afirmó Gustavo Petro al clausurar la Conferencia Ministerial de Emergencia sobre Palestina en Bogotá.
Con estas palabras, el presidente colombiano evocó la lucha por la libertad y la democracia, vinculando la historia de Venezuela y Palestina en un llamado a la resistencia global frente a la opresión.
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En este contexto, la conferencia concluyó con la adopción de seis medidas jurídicas por parte de doce países, orientadas a contrarrestar la ofensiva militar de Israel en los territorios palestinos.
Durante el encuentro, que reunió a representantes de treinta y dos naciones, solo Bolivia, Cuba, Colombia, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, San Vicente y las Granadinas y Sudáfrica firmaron la declaración final.
El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, presentó los compromisos alcanzados, subrayando la urgencia de impedir el suministro de armas y municiones a Israel para frenar lo que los firmantes consideran un “genocidio y las violaciones al derecho internacional”.
Entre las medidas acordadas, se destaca la prohibición de transferir armas, municiones, combustible militar, equipo militar relacionado y artículos de doble uso a Israel.
Además, los países firmantes se comprometieron a impedir el tránsito, atraque y servicio de buques en sus puertos, cuando corresponda, dentro de sus jurisdicciones territoriales.
Otra disposición relevante consiste en evitar el transporte de material bélico hacia Israel en buques que porten la bandera de cualquiera de estos doce Estados.
El grupo también acordó iniciar una revisión urgente de todos los contratos públicos para garantizar que ni las instituciones ni los fondos estatales respalden la ocupación del territorio palestino.
En palabras de Jaramillo, se trata de “revertir el tránsito y prestación de servicios” hacia Israel, siempre bajo los estándares del derecho internacional y las directrices de las Naciones Unidas.
La declaración incluye el compromiso de cumplir con las obligaciones internacionales para asegurar la rendición de cuentas por los crímenes más graves, mediante investigaciones y procesos judiciales sólidos, imparciales e independientes, tanto a nivel nacional como internacional.
Asimismo, los países firmantes apoyarán los mandatos de jurisdicción universal, según sus marcos constitucionales y sistemas judiciales, con el objetivo de garantizar justicia para todas las víctimas y prevenir futuros crímenes en el Territorio Palestino Ocupado.
La relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, instó a los Estados firmantes a mantener su postura y continuar defendiendo los principios del derecho internacional.
La conferencia, que se extendió durante dos días, fue escenario de intensos debates en los que el denominado Grupo de La Haya calificó las acciones de Israel como un “genocidio” contra Palestina.
A pesar de la presencia de delegaciones de los países Argelia, Bangladesh, Botsuana, Brasil, Chile, China, Djibouti, Egipto, Eslovenia, España, Honduras, Indonesia, Irak, Irlanda, Líbano, Libia, Malasia, México, Namibia, Nicaragua, Noruega, Omán, Pakistán, Palestina, Catar, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Turquía, Uruguay y Venezuela, solo doce de los treinta y dos asistentes suscribieron los compromisos.
El documento final hace un llamado a los demás miembros de las Naciones Unidas para que adopten estas medidas y se sumen al esfuerzo colectivo por defender los principios de las leyes internacionales.
Hasta el momento, ninguno de los países no firmantes han argumentado su decisión frente a este documento.