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Diego Acosta, directivo de Air-e, negó irregularidades en su polémica fiesta de cumpleaños en Barrancabermeja

El exsecretario general de Air-e rechaza acusaciones sobre el origen de los fondos para su reciente celebración, asegura que los gastos fueron mínimos y denuncia persecución política

El presidente intensificó sus críticas contra la EPS Sanitas y su matriz, acusando desvío de fondos públicos y aportes prohibidos a campañas, mientras defiende la intervención estatal y reaviva el debate sobre la presencia extranjera - crédito Air-e

La celebración de su cumpleaños de Diego Acosta Osorio, exdirectivo de Air-e, realizada el 5 de julio en un reconocido local de Barrancabermeja (Santander), ha generado controversia en redes sociales y ha motivado investigaciones oficiales.

Esas controversias salen a la luz cuando el abogado Acosta Osorio está en medio de señalamientos sobre supuestos manejos irregulares en la empresa Air-e tras su intervención por parte del gobierno de Gustavo Petro.

“Es falso que yo ganara 25 millones de pesos en Air-e. Entré a la compañía ganando 32 millones y salí con un sueldo de 35 millones de pesos. Y mi esposa, que también es funcionaria pública, también tiene un buen salario. Antes de ser funcionario yo ya ejercía como abogado, tengo mi vida resulta antes de ser funcionario y eso hace parte de mi vida privada”, afirmó el abogado Diego Acosta Osorio en conversación con El Tiempo, al responder sobre el origen de los fondos para la reciente y ostentosa fiesta de cumpleaños que lo ha puesto en el centro de la polémica.

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Desde hace varios días, circulan en plataformas digitales imágenes y videos de la fiesta, donde se observa una tarima con parranda vallenata, fuegos pirotécnicos, decenas de invitados y una amplia variedad de bebidas.

La versión más difundida sostiene que el evento habría costado cerca de mil millones de pesos, cifra que el propio Acosta desmintió ante El Tiempo.

Las investigaciones sobre la fiesta del exsecretario general de Air-e reavivan el debate sobre la rendición de cuentas y la confianza en la administración pública tras la intervención estatal de la empresa - crédito Matías Campaya / EFE

El abogado, que hasta hace unos meses se desempeñó como secretario general de la compañía de energía de la Costa Air-e, cuando el interventor era el actual ministro de Minas, Edwin Palma, aseguró que los señalamientos en su contra obedecen a una persecución política que, según él, pone en riesgo su vida en una región marcada por episodios de violencia.

“Ya estoy iniciando acciones legales y solicitudes de rectificaciones contra quienes están haciendo afirmaciones falsas”, declaró Acosta, quien también negó que se le hubiera cobrado el alquiler del lugar donde se realizó la fiesta.

Detalló que el dueño del local, William Galván, le permitió usar la bodega de la finca de su empresa sin costo alguno, y que la producción del evento fue gestionada por la empresa Event Producciones y Eventos.

Galván confirmó al medio mencionado que la organización del festejo fue un canje entre amigos.

“Nosotros prestamos la pantalla, la bodega y la producción, porque somos amigos. Se hizo un canje de los servicios para que promocionaran la empresa y se grabaran videos. Pagaron solamente el costo de operación, que se aproxima a unos tres millones de pesos”.

En cuanto a la comida, Acosta señaló que José Vega, propietario del local de comidas J Vega Group SAS, le regaló 65 hamburguesas para la ocasión.

Vega, según el medio mencionado, prefirió no pronunciarse sobre el tema.

El abogado también rechazó las versiones que lo vinculan con sanciones de la Procuraduría por hechos ocurridos durante su paso por la alcaldía de Barrancabermeja.

El escándalo por la celebración de Diego Acosta Osorio expone tensiones sobre el uso de recursos y la vigilancia ciudadana en compañías bajo control estatal en un contexto de alta sensibilidad social - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Explicó que, aunque figuraba como ordenador del gasto y firmaba documentos, fue exonerado de cualquier responsabilidad: “Me exoneraron de cualquier responsabilidad”, aseguró Acosta Osorio

El caso se produce mientras sectores de la costa solicitan a los organismos de control que aceleren las investigaciones sobre las cuentas y transacciones de Air-e desde su intervención estatal.

La Fiscalía ya pidió información a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Sspd) y envió órdenes de policía judicial a la empresa, solicitando documentos contables, contratos de directivos, actas, flujos de caja y detalles sobre la creación de nuevos cargos.

El propósito es determinar si existió malversación de recursos públicos durante la toma de posesión iniciada en septiembre de 2024.

Las dudas han provocado cambios en la dirección de la empresa y denuncias ante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, liderada por Andrés Idárraga.

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