En 2025, no ha pasado un solo día sin que una población del suroccidente colombiano, especialmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, haya sido blanco de un ataque con drones por parte de grupos armados ilegales. Las cifras lo confirman, 252 atentados con estos dispositivos entre el 1 de enero y el 13 de julio, un promedio alarmante de 1,29 ataques diarios.
Los datos, obtenidos por Semana a través de fuentes militares, revelan una tendencia sostenida que puso a las autoridades en máxima alerta y a las comunidades en estado de miedo constante. Aunque los ataques están dirigidos principalmente contra las fuerzas militares y de policía, la población civil termina en medio del fuego cruzado.
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Uno de los casos más desgarradores ocurrió el 11 de julio en Santander de Quilichao, Cauca. Un dron cargado con explosivos fue lanzado contra una patrulla policial, dejando una mujer policía muerta y dos uniformados heridos. La víctima mortal fue identificada como Maryuri Ramos Mamián, patrullera activa al momento del atentado. Las autoridades atribuyen el hecho al frente disidente Dagoberto Ramos, una de las estructuras armadas ilegales más activas en la región.
Solo unas horas antes, otra facción disidente, la Jaime Martínez, había ejecutado un ataque similar en la zona rural de Jamundí, sector Bellavista. En esa ocasión, el blanco fue una comunidad civil. Dos niños resultaron heridos, uno de ellos de apenas siete años, y actualmente permanecen hospitalizados. El mensaje de fondo es claro: estos grupos no están haciendo distinciones entre combatientes y civiles.
En lo corrido del año, ya se documentan más de 250 ataques con explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas. Una cifra que preocupa no solo por su volumen, sino por su distribución, la mayoría de estas acciones se concentran en dos municipios del Cauca —Argelia, con 30 incidentes, y El Tambo, con 29— que suman entre ambos más de una quinta parte del total.
El patrón no es casual. Según reportes de inteligencia militar, la estrategia apunta a desgastar la capacidad operativa de las brigadas 3, 23 y 29, así como de las Fuerzas de Despliegue Rápido 2 y 4, encargadas de patrullar zonas de difícil acceso. Los ataques se ejecutan principalmente en puntos rurales, aprovechando no solo el terreno agreste, también el abandono estatal, que hace más fácil establecer redes de apoyo logístico y vigilancia clandestina.
El mapa de los ataques se extiende más allá del Cauca. En Valle del Cauca, municipios como Jamundí y Calima Darién sufrieron atentados similares, mientras que en Nariño también se reportan episodios preocupantes. Dentro del Cauca, además de Argelia y El Tambo, hay registros de violencia con drones en Suárez (22 casos), Corinto (3), Balboa (2), López de Micay (2), Cajibío (1) y Patía (1).
Las interceptaciones de comunicaciones son clave para entender el engranaje detrás de esta modalidad de ataque. Audios por las autoridades muestran cómo las disidencias coordinan acciones armadas con información de redes comunitarias que actúan como ojos y oídos en el terreno.
El uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales marca un punto de inflexión en el conflicto colombiano. Estos ataques no solo representan un avance tecnológico, también evidencian una estrategia de guerra asimétrica que reduce riesgos para los agresores e incrementa el miedo en la población. La línea entre combatientes y civiles se difuminó, y el Estado, rebasado en muchas zonas, no logra contener el control territorial que ejercen estas estructuras. Más allá del número de ataques, preocupa la normalización, un dron que cae cada día ya no impacta como antes. Si no se detiene a tiempo, esta modalidad puede volverse la nueva norma de una violencia cada vez más remota, invisible y letal.