La Procuraduría General de la Nación lanzó recientemente un recordatorio a las compañías encargadas de proveer servicios públicos domiciliarios en el país, enfatizando en la importancia de asegurar estándares adecuados de calidad, continuidad y cobertura en sectores esenciales como el suministro de agua potable, el manejo de aguas residuales y la recolección de basuras.
Mediante la Circular No. 011, firmada por el procurador general Gregorio Eljach, el organismo de control subrayó que estas directrices tienen un carácter preventivo y buscan anticipar eventuales disputas jurídicas o dificultades administrativas que puedan derivarse de deficiencias en la prestación de los servicios. De igual forma, la entidad insistió en que la adecuada operación de estos sistemas resulta determinante para la estabilidad de la gestión local y para la protección de derechos fundamentales de la ciudadanía.
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“Esta acción preventiva busca evitar riesgos que puedan afectar a las comunidades y comprometer la gobernanza territorial”, señala el ente de control en un comunicado en donde se da cuenta del contenido de la circular, su objetivo, su intención y su contexto.
En el documento, la Procuraduría recordó a los prestadores de servicios su obligación de cumplir con los parámetros definidos en la Ley 142 de 1994, en la que se establece que el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) debe mantenerse dentro de rangos que garanticen la potabilidad, es decir, entre el 0 % y el 5 %.
De igual manera, la normativa fija un mínimo de continuidad del servicio de acueducto de 18 horas diarias, con posibilidad de extenderse hasta las 24 horas, según las condiciones de cada territorio.
Otro de los puntos reiterados por el ente de control hace referencia a la correcta gestión de los residuos sólidos. En este aspecto, se insta a que la recolección de desechos se ejecute de forma eficiente, procurando reducir cualquier afectación al espacio público y minimizando riesgos para la salud de la población. Esta labor debe enfocarse en lo dispuesto por los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), que orientan a las autoridades municipales y a las empresas en la organización de esta actividad.
“La operación del servicio de aseo de manera que se minimicen sus impactos, especialmente la dispersión de residuos en la vía pública, garantizando su prestación conforme a lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y evitando riesgos para la salud pública”, se lee allí.
El organismo de control reconoció que en los últimos años se han registrado avances importantes por parte de las instituciones responsables de este sector. No obstante, advirtió que persisten retos significativos para ampliar la cobertura, mantener la continuidad y optimizar la calidad de los servicios, especialmente en comunidades vulnerables o zonas rurales donde aún se presentan brechas de acceso.
En línea con estos propósitos, la Procuraduría hizo énfasis en la necesidad de emplear de manera adecuada los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, de modo que se fortalezcan los proyectos de infraestructura y se garantice el cumplimiento de la normativa vigente.
“Finalmente, el ente de control reconoció los esfuerzos institucionales que se han venido realizando, pero reiteró la necesidad de fortalecer las acciones para garantizar el acceso a servicios públicos esenciales para los ciudadanos”, agregó en su comunicado el Ministerio Público.
Con este mensaje, la entidad reafirma su rol de vigilancia preventiva y ratifica su disposición para acompañar a los entes territoriales y a los operadores en la tarea de proteger el bienestar colectivo y dar plena aplicación a los derechos de los usuarios de servicios públicos en todo el país.