El concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció a través de sus redes sociales millonarios gastos de la Unidad para las Víctimas en eventos y otras acciones de planificación y organización.
De acuerdo con la información suministrada por el funcionario, la entidad ha destinado $147.708.379.744 para logística, desarrollo de eventos y supuestos actos de “politiquería”, en un lapso de dos años. Según sus cuentas, la alta cifra de recursos se traduce en un gasto de $202.340.246 al día.
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En el documento que compartió en X se hace referencia a por lo menos cuatro contratos suscritos en 2024 y 2025, cuyo objeto se centra, agrandes rasgos, en la prestación de los servicios de un operador logístico para apoyar la organización, producción y realización de eventos que requiera la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
También se incluye la contratación de los servicios de un operador para la adquisición, transporte y suministro de productos alimenticios y no alimenticios. Esto aplica para todos los departamentos, municipios, corregimientos, veredas y zonas rurales del territorio nacional y de territorios étnicos, donde habita la población víctima del conflicto armado o en riesgo.
Los distintos contratistas con los que se firmaron los contratos en cuestión son Servicios Postales Nacionales S.A., Adescubrir Travel / Adventure SAS y Pubblica S.A.S.
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Esto, a juicio del servidor público, implicaría un gasto desproporcionado en comparación con el dinero que se requiere para cumplir con otras labores humanitarias, como el retorno de la población indígena embera que está asentada en Bogotá.
“Aun así tienen el descaro de salir a decir que no tienen plata para pagar el retorno de las comunidades Embera que están en Bogotá”, escribió el congresista.
Unidad de víctimas avanza en el retorno de indígenas embera
No obstante, es importante aclarar que la entidad ha estado liderando encuentros y acciones para garantizar el retorno seguro y digno de la población embera. Justamente, el 8 de julio de 2025, por medio de un comunicado, informó que instaló dos mesas de trabajo con voceros de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja y UPI La Florida, y el Parque Nacional en Bogotá, para coordinar el regreso de las familias indígenas a sus territorios.
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“El espacio tuvo como fin socializar los resultados de la caracterización realizada en mayo pasado, que arrojó que un total de 794 personas manifestaron su deseo de regresar al municipio de Bagadó (Chocó) y 398 a Pueblo Rico (Risaralda)”, detalló la Unidad en la comunicación.
Además, aclaró en otro comunicado que, mientras los ciudadanos indígenas han permanecido en la capital colombiana, el Gobierno ha garantizado su alimentación y ha hecho giros de dinero para su comida y su alojamiento temporal. Ahora bien, para avanzar en el retorno de la población asentada en Bogotá, ha solicitado la colaboración de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.
“Hacemos un llamado urgente a la Alcaldía de Bogotá para comprender que esta no es una situación simplista. Se trata de un proceso estructural de retorno, reubicación e integración local, que requiere una articulación real y efectiva entre autoridades del orden nacional, distrital y territorial. La colaboración armónica entre niveles de gobierno es la única vía posible para garantizar derechos y soluciones duraderas”, indicó la directora general (e) de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas Montoya, citada en el comunicado.
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Por otro lado, de acuerdo con el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, la Alcaldía de Bogotá cuenta con los recursos y los equipos necesarios para hacer efectivo el regreso de las familias indígenas que viven en condiciones precarias en la capital.
“Dependemos de que la Unidad de Víctimas actúe, defina la ruta de trabajo y que lo hagamos, conjuntamente”, advirtió el funcionario en mayor de 2025, citado por Caracol Radio.