El caso que involucra la muerte de Juan Felipe Rincón Morales, hijo del entonces inspector general de la Policía, general William Rincón, generó una fuerte reacción tanto en la opinión pública como en la institución policial. El 24 de noviembre de 2024, hacia las 11:30 a. m. en el barrio Quiroga de la localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, se produjo una confrontación violenta que terminó con la muerte de Rincón Morales. El joven, de 21 años, llegó al parque del sector acompañado por su escolta y una menor de 15 años.
Según testigos, familiares de la adolescente lo increparon por supuestas conversaciones inapropiadas que habría sostenido con ella a través de redes sociales. La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física.
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Durante el altercado, se escucharon varios disparos. El informe de Medicina Legal determinó que Juan Felipe Rincón Morales recibió un impacto de bala en el tórax y múltiples golpes en la cabeza, espalda y extremidades. Inicialmente, las autoridades consideraron a Andrés Camilo Sotelo Torres, que también resultó herido, como posible responsable Sin embargo, a medida que la investigación avanzó, la Fiscalía General de la Nación determinó que el arma que portaba Sotelo era inoperante, lo que generó incertidumbre sobre quién disparó el proyectil mortal.
La defensa de la familia Rincón, representada por los abogados Iván Cancino y Juan Felipe Criollo, contrató investigadores privados que aportaron hallazgos no incluidos en las pesquisas oficiales. Uno de los informes técnicos revelados en la audiencia de preclusión adelantada el 9 de julio, el litigante sostuvo que en el lugar se hallaron seis vainillas: cinco correspondían al arma del escolta de Juan Felipe, el patrullero Sergio Felipe Rico Rueda. Sin embargo, apareció una sexta, de marca L84, la cual no pertenecía a la dotación oficial del uniformado. Este dato sugiere la posible existencia de una segunda arma, accionada por otra persona.
Así mismo, el análisis de videos grabados por testigos permitió identificar que hubo por lo menos ocho disparos. El arma del escolta tenía capacidad máxima para seis cartuchos, coincidiendo con las seis vainillas recuperadas en el parque.
No obstante, faltaban dos vainillas que serían la de los disparos adicionales. Para la defensa, este hecho podría deberse a la falta de una reacción inmediata para sellar la escena, lo que permitió el ingreso de personas ajenas y la posible alteración o pérdida de pruebas fundamentales.
Otra irregularidad señalada por la defensa es la presentación de una camiseta con un orificio de bala, introducida como si la víctima la hubiera llevado puesta al momento del disparo. El informe de Medicina Legal contradice esta versión, ya que establece que Juan Felipe no tenía en su poder la camiseta cuando fue herido, lo que pone en duda la autenticidad del material probatorio.
El manejo de la prueba de residuos de pólvora también presenta inconsistencias. Aunque Sotelo fue atendido en un centro médico tras los hechos, no existe constancia de que el CTI le haya practicado la prueba de manera oportuna, lo que afecta la cadena de custodia y el valor probatorio de los análisis posteriores.
De igual manera, la defensa de la familia de la víctima indicó que la petición de precluir el caso presentada por el ente acusador solo estudia el delito de homicidio, sin contemplar otros posibles tipos penales como tortura, uso indebido de arma no letal o manipulación de pruebas. Además, dijo que persisten inconsistencias en la trayectoria del proyectil, un aspecto técnico clave para determinar las posiciones de los involucrados durante el tiroteo.
El patrullero Sergio Felipe Rico Rueda también enfrenta investigación penal. Su arma, una pistola SIG Sauer SP2022, fue la única funcional recuperada en el lugar de los hechos.
Cabe recordar que el 9 de julio de 2025 se decidirá si se acepta la solicitud de preclusión de la Fiscalía a favor de Andrés Camilo Sotelo. La defensa de la familia insiste en que el proceso debe continuar hasta agotar todas las líneas de investigación.