Amenazas de represalias surgieron tras la ratificación de la condena contra integrantes de la Primera Línea. Según fuentes de inteligencia, se han detectado planes para atacar la infraestructura de TransMilenio y otros bienes públicos en Bogotá.
Esta alerta se produce luego de que, el 4 de julio de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia de segunda instancia contra miembros de la autodenominada Primera Línea, entre ellos Sergio Andrés Pastor, conocido como alias 19, por su implicación en delitos cometidos durante los disturbios del paro nacional de 2021.
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La decisión judicial representa un paso en los procesos contra quienes participaron en actos violentos y de vandalismo durante el estallido social. Tras conocerse el fallo, las autoridades distritales y nacionales encendieron las alarmas ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia. Las advertencias de inteligencia señalan que los miembros activos de la Primera Línea estarían coordinando acciones para atacar estaciones de TransMilenio, bienes públicos, viviendas y otros espacios urbanos, como reacción directa a la decisión del Tribunal, reveló Blu Radio.
Las zonas identificadas como más vulnerables corresponden a aquellas que en 2021 fueron escenario de bloqueos, enfrentamientos y destrucción. Estas amenazas, según las fuentes, buscan ejercer presión violenta sobre el Tribunal y los jueces involucrados. Ante este panorama, las autoridades implementaron medidas preventivas, como el refuerzo del pie de fuerza en puntos estratégicos de TransMilenio y en sectores históricamente afectados por la conflictividad social.
La Alcaldía de Bogotá hizo un llamado a mantener la calma y la protesta pacífica, mientras se espera una respuesta del Ministerio de Defensa frente a los riesgos de alteración del orden público.
La burla de alias 19 al conocer su sentencia
“Me parece absurdo lo que está pasando acá”. Con esta frase, Sergio Andrés Pastor, conocido como alias 19, manifestó su desacuerdo tras escuchar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que confirmó su condena a 12 años y nueve meses de prisión por su papel como líder de la Primera Línea del Portal Américas durante el estallido social de 2021. La sentencia, también afectó a María Marcela, Johan Steven Sainavedra Rubio y Fernando Urrea Martínez, considerados coautores del delito de tortura.
El tribunal rechazó las solicitudes de los abogados defensores que buscaban deslegitimar las pruebas presentadas en el proceso. Durante la audiencia, realizada de manera virtual debido a la ubicación de los implicados, se detallaron los hechos en los que participaron los acusados durante las protestas sociales que sacudieron varias ciudades de Colombia en 2021. Entre los episodios más graves, se encuentra la retención de un hombre acusado de pertenecer a la Policía Nacional, quefue secuestrado, torturado y forzado a confesar su supuesto interés en infiltrar las movilizaciones.
La evidencia presentada en el juicio describe que los acusados “condujeron hasta al interior del campamento ubicado en el parque, le hurtaron sus pertenencias, le quitaron su pantalón, le amarraron los pies y manos con unas cuerdas, lo ataron a un poste y durante dos horas le infligieron dolores físicos y sicológicos, con palos y maderas, punciones con arma blanca, lo cubrieron de pintura, lo rociaron con gasolina, amenazándolo con quemarlo vivo, para obtener información acerca de la institución policial”.
El tribunal concluyó que estas acciones excedieron los límites del derecho a la protesta y constituyeron agresiones físicas graves: “Los implicados ejecutaron actos que desbordaron y desnaturalizaron el fin de la protesta social a tal punto de imponerse violentamente ‘frente a cualquiera quien sin motivo razonable suponían se trataba de un oponente’, provocando graves consecuencias”.
La condena impuesta a los acusados asciende a 153 meses y 14 días de prisión, junto con una multa de 1.270,86 salarios mínimos legales mensuales. Además, durante el tiempo de la condena, se les inhabilita para ejercer derechos y funciones públicas. El juez explicó que “el hecho de infligir a Luis Miguel Jaramillo dolores físicos y psíquicos con el fin de obtener confesión de que pertenecía a la Policía Nacional, castigarlo por tal razón (bajo el argumento de que se trataba de un infiltrado en las protestas) y, además, lograr información de la institución en cita y del paradero de una persona por ellos conocida, de quien, valga señalar no se conoció la identidad en la práctica probatoria del juicio oral”, fundamentó la decisión del tribunal.