En la noche del martes 1° de julio el presidente de la República, Gustavo Petro, condenó el asesinato y posterior hallazgo en una fosa común de ocho líderes sociales y religiosos en zona rural del municipio de Calamar, en el suroccidente del departamento de Guaviare.
Según informaron en la Fiscalía General de la Nación, se trata de un grupo de personas que fueron citadas por una de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc que tiene injerencia en ese territorio de la región de la Amazonía.
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“El hallazgo se originó en la activación de mecanismos de búsqueda urgente el pasado mes de abril, ante la denuncia que dio cuenta de la citación de estas personas por parte del frente primero ‘Armando Ríos’ de las disidencias de las Farc que delinquen en esa región”, detallaron en el organismo investigador.
Luego de que se conociera del violento crimen, el jefe de Estado señaló que se trató de un hecho “atroz” que se dio en medio de las “disputas territoriales” de grupos armados organizados.
“Expreso mi más profundo rechazo ante el atroz hallazgo de ocho líderes religiosos y sociales, encontrados sin vida en una fosa común en zona rural de Calamar, Guaviare. Jesús y Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri y Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza llevaban desaparecidos desde abril. Todo indica que fueron secuestrados y asesinados en medio de disputas territoriales por parte de grupos armados ilegales [sic]”, afirmó en su cuenta oficial de la red social X.
El mandatario reiteró que se trató de “una grave afrenta al derecho a la vida, a la libertad religiosa y al trabajo espiritual y comunitario” que llevan a cabo personas que llegan a esas zonas del país que ha sido “históricamente golpeadas por la violencia”, por lo que dio condolencias a los allegados de las víctimas y a su vez solicitó celeridad en las investigaciones para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.
“Como Presidente de la República, me solidarizo con sus familias, sus comunidades de fe y con todos quienes hoy sienten este dolor. Hago un llamado urgente a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para proteger a quienes lideran desde la fe, desde el cuidado del otro, desde la paz. Es deber del Estado garantizar su seguridad y asegurar que estos crímenes no se repitan ni queden impunes [sic]”, agregó.
Finalmente señaló que reafirmaba su compromiso con “la defensa de la libertad de cultos, la vida digna y la paz como camino colectivo” y conminó a que se continúe con la senda que abrieron las personas que asesinaron, pese a estos hechos de violencia.
“Que su ejemplo nos impulse a seguir construyendo un país justo, en el que creer, vivir y liderar en paz sea un derecho para todos y todas [sic]”, concluyó en su trino.
La localización de los restos de las ocho víctimas concluyó una exhaustiva búsqueda que duró cerca de dos meses. Militares de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11 del Ejército Nacional e investigadores de la Fiscalía accedieron a una fosa común, donde hallaron los cuerpos de las personas reportadas como desaparecidas. Tras identificar a las víctimas, las autoridades organizaron una reunión virtual con sus familiares para compartir los avances sobre la investigación.
De acuerdo con lo que establecieron en el ente investigador la orden para citar a los líderes y lideresas partió de integrantes armados vinculados al círculo de confianza de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, con el propósito de impedir que surgiera una célula del ELN en el área.
Antes del hallazgo, las diligencias oficiales habían establecido que, luego de responder al llamado, los líderes y lideresas desplazados a la vereda Puerto Nuevo nunca regresaron a sus hogares. Las investigaciones indican que el objetivo de los criminales consistía en dilucidar si en la zona se encontraba operando otra fuerza armada o si existían planes para crear una organización ilegal.
Documentos del caso apuntan a que, después de su llegada al punto de encuentro, las víctimas fueron conducidas a un predio abandonado.
Todo comenzó con citaciones que la organización ilegal entregó personalmente. El 4 de abril de 2025, dos individuos recibieron la primera notificación y, tres días más tarde, otras seis personas también fueron llamadas a asistir a un interrogatorio.
En la revista Semana informaron en su momento que los citados, todos pertenecientes a dos iglesias evangélicas locales, acudieron a la vereda siguiendo instrucciones de la organización armada. Al llegar, separaron a las acompañantes femeninas y les aseguraron que los demás retornarían esa misma tarde, lo que jamás ocurrió.
Ya en mayo de 2025, el caso trascendió a los medios, cuando las familias denunciaron que llevaban cuarenta días sin noticias de sus seres queridos. Los parientes confirmaron que la última información recibida señalaba la citación para participar en una supuesta labor comunitaria, organizada por un grupo armado.