La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada del proceso contra el presidente Gustavo Petro por la presunta violación de topes electorales en su campaña presidencial de 2022, sigue sin poder avanzar en el caso debido a la falta de trámite de dos recusaciones presentadas contra sus investigadores.
Esta situación ha generado una suspensión que ya completa tres meses, sumándose a los diez meses previos de parálisis por motivos similares.
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En un comunicado oficial fechado el 27 de junio de 2025, el representante Alirio Uribe Muñoz, coordinador del triunvirato investigador junto con los representantes Gloria Arizabaleta y Wilmar Carrillo, expresó su preocupación por la prolongada suspensión: “Desde principios de marzo la investigación está suspendida (…) dejando a los investigadores limitados para continuar pues nos está prohibido emitir auto alguno cuando la investigación se encuentra en ese estado”.
La situación se originó tras la presentación de dos recusaciones: la primera, el 25 de febrero, por parte de la ciudadana Ana María Medina Polo contra el representante Uribe, y la segunda, el 9 de abril, interpuesta por Alberto Miguel Restrepo contra Uribe y Arizabaleta.
Aunque los autos que rechazan ambas recusaciones fueron emitidos el 5 de marzo y el 9 de mayo, respectivamente, el Pleno de la Comisión aún no las ha discutido ni votado, lo que impide avanzar en la investigación.
Corte Constitucional ratificó competencia, pero la parálisis persiste
La Corte Constitucional resolvió recientemente un conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión de Acusaciones, concluyendo que esta última es la única facultada para investigar al presidente. Aun así, la investigación continúa sin avances debido a la falta de resolución sobre las recusaciones.
“Se espera que una vez resueltas las recusaciones, la Comisión de Investigación y Acusación pueda emitir un pronunciamiento integral y de fondo en el tiempo más expedito posible”, señala el comunicado.
Uribe también manifestó que, al inicio de la actual legislatura, el equipo investigador se comprometió a tomar una decisión de fondo antes del 20 de junio de 2025, plazo que no pudo cumplirse debido a la suspensión del proceso.
Acumulación de pruebas, pero sin decisión
A pesar del estancamiento, la Comisión ha recopilado un significativo cuerpo probatorio. Según el comunicado, se han recogido 56 medios de prueba, incluyendo el traslado de procesos desde el CNE y la Fiscalía General de la Nación. También se han tramitado 147 derechos de petición y 24 tutelas.
Sin embargo, Uribe advierte sobre las dificultades estructurales que afectan el funcionamiento de la Comisión, como la dispersión normativa, la ausencia de herramientas digitales y la congestión derivada de denuncias sin requisitos formales.
“Este escenario ha propiciado una serie desmedida de desinformación a la ciudadanía (…) desconociendo por completo no solo los avances de la investigación, sino las situaciones ajenas a la voluntad de los investigadores”, afirmó.
En paralelo, el proceso en el CNE también está bloqueado
Mientras tanto, en el Consejo Nacional Electoral, el proceso contra los demás involucrados en la campaña de Petro también permanece paralizado. La magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al Gobierno y designada por el Pacto Histórico, se encontraba incapacitada médicamente hasta el 30 de junio y no trasladó oportunamente las recusaciones presentadas en su contra, lo que impidió su discusión en Sala Plena.
Una de las recusaciones, interpuesta por el abogado Germán Felipe Sosa Prieto, cuestiona la imparcialidad de Velásquez por haber actuado como testigo electoral de la campaña de Petro en 2022, hecho que —según los críticos— debió haberla llevado a declararse impedida. La omisión del trámite también fue señalada en una segunda recusación sin resolver desde mayo.
Expectativa por reactivación en julio
Tanto en la Comisión de Acusaciones como en el CNE, la reactivación del caso está sujeta a la resolución de las recusaciones. Uribe y Arizabaleta insisten en que, tan pronto como se levante la suspensión, emitirán una decisión de fondo con “todo el rigor que corresponde”.
Por ahora, la ciudadanía, los órganos de control y la opinión pública permanecen a la espera de que el proceso vuelva a moverse en julio, cuando se prevé que se reanude el debate y se destrabe una investigación que lleva más de un año estancada.