Los números no dan tregua y el reloj fiscal del país corre sin pausa. Las advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) apuntan a un mismo punto, el Gobierno debe actuar ya si quiere evitar una crisis más profunda. En un pronunciamiento, el organismo técnico lanzó un mensaje claro y sin rodeos, la estrategia actual para enfrentar el creciente déficit es insuficiente, y esperar a 2025 para iniciar el ajuste solo aumentará los riesgos económicos.
Lejos de centrarse únicamente en cifras, el Carf plantea una preocupación estructural. El plan presentado por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) no lograría estabilizar la deuda pública ni devolverla al sendero de sostenibilidad. La activación de la cláusula de escape, un mecanismo legal que permite relajar temporalmente la regla fiscal en situaciones excepcionales, entre 2025 y 2027, generó inquietud en el comité, que considera que esta herramienta no puede convertirse en una excusa para seguir aplazando decisiones urgentes.
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“El desequilibrio fiscal debe corregirse cuanto antes; entre más rápido se actúe, menor será la magnitud del ajuste requerido”, advirtió el comunicado del Carf. El mensaje no es solo técnico, es político, dejar el ajuste para después puede encarecer el crédito, alimentar la inflación, presionar el tipo de cambio y golpear el bienestar de la ciudadanía.
Las cifras que acompañan el diagnóstico no dejan mucho margen para la interpretación. El Carf estima que la deuda neta del Gobierno nacional Central podría llegar al 61,4% del PIB en 2025, al 63,5% en 2026 y al 64,3% en 2027. Estos niveles se acercan peligrosamente al límite legal del 71% y están lejos del 55% del PIB que representa el ancla fiscal del país. Aunque tanto el Gobierno como el comité prevén que la deuda empiece a ceder a partir de 2028, el descenso sería lento y no alcanzaría los niveles considerados prudentes.
En este contexto, la discrepancia entre las proyecciones oficiales y las estimaciones del Carf cobra especial relevancia. Según el comité, para estabilizar la deuda se requiere mantener un superávit primario, ingresos menos gastos, sin contar intereses, de entre el 1,5% y el 2% del PIB durante la próxima década. Sin embargo, el Mfmp proyecta un superávit promedio de apenas 1,1% entre 2029 y 2036. Esa diferencia, aparentemente pequeña, podría determinar si el país recupera el control de su deuda o sigue atrapado en una espiral de déficit.
La necesidad de un ajuste fiscal concreto también tiene cifras. Para cumplir la meta de déficit del 7,1% del PIB en 2025, el país necesitaría recortar cerca de $8,3 billones. Para 2026, cuando se espera reducir el déficit al 6,2%, el ajuste tendría que llegar a los $33 billones. Frente a este panorama, el Gobierno ha planteado una reforma tributaria que podría recaudar unos $19,7 billones. El resto del esfuerzo, advierte el Carf, tendrá que venir de una revisión profunda del gasto público.
En ese sentido, el Ejecutivo propuso la creación de una comisión de gasto estructural que estudie opciones y formule propuestas para 2026. Pero el comité considera que esta ruta es demasiado lenta. Para ellos, el ajuste no puede esperar dos años. La urgencia es ahora.
“Todo lo anterior pone de presente la urgente necesidad de que el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y la sociedad como un todo acuerden las reformas que reduzcan el gasto, fortalezcan los ingresos y permitan retomar la senda de la regla fiscal en un plazo razonable”, recalcó el organismo.
Como entidad independiente creada por ley, el Carf cerró su informe reiterando su compromiso con el seguimiento riguroso de la regla fiscal. Su labor, asegura, es ofrecer alertas a tiempo y contribuir al fortalecimiento de la confianza en la capacidad del país para corregir el rumbo.