Tres hombres fueron sentenciados a penas de entre 12 y 16 años de prisión por el asesinato de dos líderes de la comunidad Lgbt+ en los municipios de Medellín y Caldas, Antioquia, según informó la Fiscalía General de la Nación en la mañana del lunes 30 de junio.
El material probatorio corroboró que los crímenes ocurrieron en las residencias de las víctimas y fueron esclarecidos tras investigaciones del ente acusador.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Las condenas se dictaron luego de que los acusados aceptaran cargos ante el fiscal, al tiempo que consiguieron preacuerdos con la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía. Los hechos, que conmocionaron a la comunidad, involucran a dos casos distintos ocurridos entre octubre de 2024 y enero de 2025.
En el primer caso, Daniel González Cano y Yoimar Blandón Córdoba fueron hallados responsables del homicidio agravado del profesor universitario y activista Mateo Jaramillo Naranjo, ocurrido el 17 de enero de 2025 en el sector Laureles de Medellín.
De acuerdo con la investigación, ambos ingresaron al apartamento de la víctima, lo ataron de pies y manos, lo golpearon en varias partes del cuerpo y lo asfixiaron. El cuerpo de Jaramillo Naranjo fue hallado un día después, presentando múltiples hematomas y lesiones en extremidades, rostro y cuello.
Las autoridades establecieron que, tras el crimen, González Cano y Blandón Córdoba huyeron del lugar llevándose el teléfono móvil, documentos y tarjetas bancarias del docente. Posteriormente, estas tarjetas fueron utilizadas para realizar varias transacciones.
Aunque la Fiscalía continúa investigando el delito de hurto calificado, los condenados no aceptaron este cargo durante las audiencias de control de garantías celebradas en febrero de 2025, por lo que no fue incluido en el preacuerdo.
En el segundo caso, Diego Alexander Becerra Rave fue sentenciado a 12 años de prisión tras admitir su responsabilidad en el homicidio de la activista Karis Saldarriaga, ocurrido el 20 de octubre de 2024 en un inmueble de Caldas, Antioquia.
Según la investigación, Becerra Rave acudió a la residencia de Saldarriaga, donde, tras compartir durante varios minutos, se produjo una discusión que culminó con el ataque a la víctima con un arma blanca. Vecinos del sector alertaron a la Policía Nacional tras escuchar ruidos y gritos provenientes del lugar. Al llegar, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de la líder social.
Las sentencias fueron impuestas por jueces de conocimiento tras la aceptación de cargos por parte de los acusados. Ambos casos permanecen bajo seguimiento de la Fiscalía, que continúa con las investigaciones relacionadas con los delitos conexos, especialmente en lo referente al hurto en el caso de Medellín.
Las cifras de personas de la comunidad Lgbt+ asesinadas en 2025
Durante el fin de semana, miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Colombia para participar en las marchas del Día del Orgullo, Pride 2025, en medio de una ola de violencia que ha golpeado con fuerza a la comunidad Lgbt+.
El recuerdo del brutal asesinato de Sara Millerey, una mujer trans torturada y arrojada a una quebrada en el municipio de Bello, en el área metropolitana de Medellín, sigue presente en la memoria colectiva y ha dado un tono de urgencia a las manifestaciones de este año.
El informe más reciente de la red Sin Violencia, organización que monitorea agresiones y crímenes contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en América, documentó 43 asesinatos en Colombia durante los primeros cinco meses de 2025. Esta cifra, que ya resulta alarmante, marca una tendencia de violencia persistente a pesar de los esfuerzos de inclusión y lucha contra la discriminación que se han desarrollado en el país durante varias décadas.
La situación se agrava al considerar los datos a partir de un informe de la Red Somos, entidad dedicada a la defensa de los derechos humanos de la comunidad Lgbt+. Según este reporte, 175 personas de la comunidad fueron asesinadas en Colombia durante 2024.
Un análisis geográfico de los crímenes muestra que el 30% de los asesinatos se concentró en Bogotá, la capital colombiana. Este dato resulta especialmente llamativo porque Bogotá mantiene una de las tasas de homicidio más bajas del país, en contraste con regiones como la Caribe, el departamento de Antioquia o la subregión de El Catatumbo en Norte de Santander, territorios históricamente afectados por el conflicto armado. En estas zonas, la expresión de la diversidad sexual ha significado, en muchos casos, una sentencia de muerte.