El Gobierno ha destinado más de 226.000 millones de pesos para la realización de eventos durante el año 2025, como parte de una estrategia sostenida para fortalecer la presencia del Ejecutivo en el espacio público. La cifra surge del análisis de registros de contratación pública y derechos de petición, en los que se identifican convenios suscritos por Presidencia y entidades del Ejecutivo con empresas públicas y privadas para apoyar la logística de concentraciones, encuentros regionales y actos institucionales.
La apuesta por este tipo de movilizaciones no es nueva, pero en el actual contexto adquiere un carácter estratégico. Desde comienzos de año y hasta el 27 de junio, el presidente Gustavo Petro ha encabezado al menos 38 eventos públicos en territorio nacional, es decir, uno cada 4,7 días en promedio. A estos encuentros se suman sus giras internacionales a países como Catar, China, Uruguay, Honduras, Haití, Panamá y recientemente Francia y España.
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Estas acciones coinciden con un momento decisivo en el Congreso, donde avanzan discusiones claves sobre las reformas a la salud, las pensiones y el trabajo. El Ejecutivo ha hecho explícito su interés en mantener la presión ciudadana para impulsar estos cambios legislativos, incluso en medio de escenarios complejos como la devolución de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional, o el estancamiento del proyecto de salud en la Comisión Séptima del Senado.
Aunque el uso de las plazas públicas ha sido habitual en distintos gobiernos, el actual ha elevado esta práctica al rango de herramienta central de comunicación y movilización. Según la información recabada, las entidades responsables de estos contratos incluyen, entre otras, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), los ministerios del Interior, Agricultura, Vivienda, Igualdad y Minas y Energía, así como agencias como Prosperidad Social, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad para las Víctimas.
En paralelo a los gastos logísticos, también se han firmado contratos por más de 67.775 millones de pesos para la gestión de pauta oficial, principalmente con centrales de medios. Uno de los actores principales en este ámbito ha sido Rtvc, que ha suscrito convenios por 17.738 millones en lo que va del año. Estas contrataciones buscan asegurar que los mensajes del Gobierno lleguen a diversos públicos a través de medios tradicionales e influenciadores digitales.
Uno de los convenios más destacados es el celebrado entre el Dapre y la empresa paisa Feeling Company, por un monto acumulado de $10.789 millones, incluyendo prórrogas.
Otro acuerdo relevante es el firmado por el Ministerio del Interior con la empresa estatal 4-72, por un valor de $88.964 millones, cuyo objeto contractual es el soporte logístico para eventos. Esta misma empresa también obtuvo contratos por $55.254 millones con la Unidad de Víctimas y por $18.515 millones con el Ministerio de Minas, totalizando $162.733 millones, lo cual representa una porción significativa de su presupuesto anual.
Los eventos organizados bajo esta estrategia han incluido refrigerios, transporte de asistentes en buses y coordinación con líderes políticos y sociales. Ejemplos recientes incluyen actos en Barranquilla, Cali y Medellín, todos realizados en plazas centrales de ciudades gobernadas por mandatarios de oposición. En cada uno de estos encuentros, el mensaje ha estado alineado con las prioridades legislativas del Ejecutivo.
La movilización también ha sido impulsada por estructuras políticas, sindicales y sociales afines al Gobierno. Entre ellas figuran la Coordinadora Nacional para el Cambio, heredera de la articulación del paro nacional de 2021, y organizaciones indígenas como el Cric, la Onic y la Opiac, que han gestionado contratos con diferentes ministerios por montos que superan los $180.000 millones en el último año.
A esto se suman los comités ciudadanos creados por congresistas del Pacto Histórico, inicialmente pensados para apoyar una consulta popular que ya fue derogada, pero que siguen activos para respaldar movilizaciones futuras. La coordinación de estos comités suele organizarse por medio de canales como WhatsApp, donde existen redes activas desde la campaña presidencial de 2022.
Aunque desde sectores de la oposición se han formulado críticas por el uso de recursos públicos en actividades que podrían percibirse como proselitistas, desde el oficialismo se defiende esta movilización como una expresión legítima del vínculo entre el Gobierno y sus bases sociales. Señalan que se trata de eventos institucionales con logística básica, como refrigerios y transporte, gestionados desde distintas entidades del Estado.
En cualquier caso, los datos revelan que el Gobierno nacional continuará apoyándose en las calles como espacio de acción política y en los eventos públicos como herramienta de comunicación. Con una agenda reformista aún pendiente y el debate constituyente aún en el horizonte, la movilización ciudadana sigue siendo una pieza clave en la estrategia del Ejecutivo de cara a 2026.