Los ministros de Relaciones Exteriores de quince países, incluidos Colombia, España y Brasil, emitieron una declaración conjunta en la que respaldan los derechos de las personas Lgbt+ y advierten sobre el aumento de discursos y actos de odio en su contra.
El documento llama a la comunidad internacional a implementar políticas de protección y erradicar formas de violencia y criminalización que siguen vigentes en distintas regiones del mundo.
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El pronunciamiento fue suscrito por los jefes de la diplomacia de Colombia, España, Australia, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Eslovenia, Islandia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Portugal y Uruguay, quienes señalaron que “unen sus voces” en defensa de los derechos fundamentales de esta población, ante un contexto global en el que aumentan los ataques y retrocesos normativos que afectan directamente a las personas Lgbt+.
“Rechazamos toda forma de violencia, criminalización, estigmatización o discriminación, que conducen a violaciones de los derechos humanos”, indicaron los firmantes.
También destacaron la importancia de adoptar medidas específicas orientadas a prevenir el acoso y a garantizar el respeto por la diversidad.
“El respeto por la diversidad, la igualdad y la tolerancia requieren del apoyo a nivel internacional a medidas destinadas a la despenalización, la prevención y la erradicación de todo tipo de acoso”, agregaron.
El comunicado también pone énfasis en la urgencia de fortalecer políticas públicas inclusivas y de ampliar las oportunidades de integración socio-laboral, en especial para las personas trans, que siguen enfrentando niveles alarmantes de exclusión.
Los cancilleres reconocieron que estas problemáticas no operan de manera aislada, sino que se agravan cuando confluyen con otras condiciones de vulnerabilidad.
“Las múltiples e interrelacionadas formas de discriminación” a las que se enfrenta esta comunidad fueron mencionadas de manera explícita, sobre todo cuando sus integrantes también pertenecen a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, personas mayores o en situación de pobreza.
En este sentido, señalaron que “promover su plena y efectiva inclusión requiere de un enfoque interseccional que aborde estas desigualdades de manera estructural”.
Los gobiernos firmantes hicieron un llamado a otros Estados para avanzar en la eliminación de normas que penalizan la orientación sexual o la identidad de género.
“Llamamos a todos los Estados para que se unan a este camino, derogando las leyes discriminatorias existentes y negándose a introducir nuevas leyes que criminalicen las relaciones entre personas del mismo sexo o castiguen a las personas por su orientación sexual e identidad de género”, manifestaron.
Uno de los puntos más enfáticos del comunicado está dirigido contra las denominadas “terapias” de conversión, prácticas que continúan presentes en varios países, a pesar de las advertencias de organismos internacionales sobre sus consecuencias nocivas.
“Pedimos el fin de la persecución penal de las personas Lgbt+, especialmente la prisión y la pena de muerte, y el fin de las llamadas ‘terapias’ de conversión, que son inherentemente discriminatorias”, indicaron los ministros.
Asimismo, alertaron que persistir en la penalización o en la negación de derechos genera condiciones de inseguridad, desigualdad y estigmatización que socavan los principios básicos del derecho internacional.
Según indicaron, “está en juego el pleno respeto por los derechos humanos y la dignidad humana, así como el fortalecimiento de la igualdad, la diversidad y la prosperidad, sin dejar a nadie atrás”.
La declaración finaliza con una reafirmación del compromiso de los países firmantes con la promoción de sociedades más inclusivas.
“Reiteramos finalmente nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos de las personas Lgbti+, para que su igualdad ante la ley sea indiscutible y para que ninguna persona sea penalmente perseguida o discriminada por razón de su orientación sexual e identidad de género”, concluye el texto.
Además, los representantes diplomáticos expresaron su voluntad de contribuir a construir entornos donde “todos los seres humanos puedan ser y amar libremente”, un principio que, subrayaron, debe ser garantizado por los Estados a través de acciones concretas, reformas legales y reconocimiento igualitario.