Una nueva encuesta ciudadana liderada por la Veeduría Distrital comenzó a aplicarse este mes en la capital colombiana, con el objetivo de profundizar en el entendimiento del acoso sexual callejero, un fenómeno persistente que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y que también tiene impacto en hombres y personas Lgbtiq+.
La iniciativa forma parte de una estrategia institucional más amplia que esta entidad distrital ha desarrollado desde el año 2022.
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Su propósito es visibilizar, comprender y combatir una forma de violencia que se manifiesta principalmente en espacios públicos y medios de transporte urbano, alterando la percepción de seguridad y el derecho a la libre movilidad de miles de ciudadanos.
La encuesta estuvo dirigida a personas mayores de edad y recogió información clave sobre cómo perciben los habitantes de Bogotá la seguridad en sus trayectos diarios, sus experiencias —tanto propias como presenciadas— de acoso, las actitudes sociales frente a este tipo de comportamientos, y su nivel de confianza en las instituciones responsables de prevenir y atender estos casos. También se exploraron propuestas ciudadanas para enfrentar el problema.
Los resultados previos, obtenidos en ejercicios similares realizados por la Veeduría en 2022 y 2023, revelaron cifras preocupantes: el 67,2% de las mujeres encuestadas manifestó sentirse muy insegura al utilizar el sistema de transporte público, porcentaje que sube al 70,7% cuando se trata de caminar por las calles de la ciudad.
En el caso de los hombres, la percepción de inseguridad es del 37,9% en transporte y del 39,7% en la vía pública.
Más allá de las percepciones, los datos muestran una alta incidencia de acoso sexual callejero. Ocho de cada diez mujeres dijeron haber sido víctimas de este tipo de violencia en algún momento de sus vidas, mientras que seis de cada diez hombres también reportaron haber vivido situaciones similares.
Estas cifras dan cuenta de una problemática estructural que sigue siendo frecuente y normalizada en la vida urbana de la capital.
A raíz de estos hallazgos, el tema ha ido cobrando protagonismo en la agenda pública local. El Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, bajo el lema “Bogotá Camina Segura”, incluyó el acoso sexual callejero como una línea de acción prioritaria dentro de su primer objetivo sobre seguridad, específicamente en el Programa 6, enfocado en movilidad segura e inclusiva.
Entre las acciones adoptadas destaca el código de emergencia TM26, implementado en el sistema de transporte Transmilenio, que permite activar protocolos en casos de acoso o situaciones de riesgo.
Según cifras oficiales, hasta el 31 de marzo de 2025 se realizaron cerca de 50.000 acciones de difusión relacionadas con este protocolo, más de 3.400 talleres de capacitación, y se han llevado a cabo cuatro jornadas masivas denominadas “megatomas de género”.
Además, se lanzó un programa piloto con un botón de pánico contra el acoso, ubicado en la estación Universidades (CityU), como medida de reacción inmediata para víctimas y testigos.
En cuanto a la atención directa, se han intervenido 26 casos de violencia basada en género y 15 situaciones asociadas a salud mental dentro del sistema de transporte.
La Secretaría Distrital de la Mujer también desplegó una serie de medidas de apoyo, entre las que se incluye la atención psico-jurídica a mujeres víctimas de violencia en el transporte.
A corte a junio, se reportaron 265 atenciones de este tipo. En el marco del Festival Estéreo Picnic 2025, la entidad activó un punto seguro y llevó a cabo una jornada de socialización de la Ruta Única de Atención, con la participación de más de 1.500 mujeres.
Desde la administración distrital se insiste en que la recolección sistemática de datos es esencial para mejorar las estrategias de prevención, atención y seguimiento de estos casos.
La nueva encuesta busca actualizar la información existente, identificar patrones recientes y orientar políticas públicas más eficaces y sensibles al enfoque de género.
El llamado de las autoridades es a participar activamente en este ejercicio, no solo como una herramienta técnica de diagnóstico, sino también como un mecanismo de empoderamiento ciudadano frente a una violencia cotidiana que, en demasiadas ocasiones, sigue siendo invisibilizada.