La presencia del presidente Gustavo Petro en la ciudad de Medellín para adelantar un encuentro con líderes de bandas criminales en lo que denominó Un pacto por la paz urbana sigue generando tensiones políticas en la capital de Antioquia.
De hecho, durante el fin de semana, el jefe de Estado sumó una nueva demanda ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por, presuntamente, cometer irregularidades durante el evento oficial realizado en la plazoleta de La Alpujarra el sábado 21 de junio.
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Entre las acusaciones figuran la indebida participación en política, proselitismo, utilización ilegítima de recursos públicos, convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente, hostigamiento a autoridades locales y la presencia de personas condenadas por delitos graves y vinculadas a estructuras armadas ilegales en el evento.
Según la documentación a la que accedió El Colombiano, el concejal de Medellín formalizó la denuncia este domingo 22 de junio. De Bedout argumentó que la presunta intervención política del mandatario se evidencia en la presencia sobre la tarima del exalcalde Daniel Quintero Calle, actualmente precandidato presidencial, así como en las referencias hechas por el presidente contra el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, en torno a un proceso judicial contra Quintero.
“Su visibilidad en un evento de naturaleza institucional, financiado con recursos públicos, configura un hecho de clara connotación proselitista”, señala el documento.
Además, De Bedout argumentó que la presencia de símbolos, banderas y demás emblemas del movimiento político “Independientes”, el cual no cuenta con personería jurídica vigente, refuerza la promoción política en un acto oficial.
El concejal puntualizó en la denuncia que esta visibilización en un espacio promovido por el Estado puede constituir una infracción al régimen de propaganda política y los principios electorales estipulados en el artículo 108 de la Constitución Política.
Entre las solicitudes incluidas en la denuncia, De Bedout pidió a la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara que evalúe si corresponde el inicio formal de un proceso dentro de sus facultades constitucionales y legales.
El concejal solicitó también que varias entidades, como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entreguen información integral sobre la organización y respaldo logístico del evento, incluyendo documentos administrativos, presupuestales y resoluciones que hayan permitido la presencia de personas privadas de la libertad provenientes del establecimiento carcelario de Itagüí, detalló el medio.
Otra de las peticiones del concejal consiste en que el Consejo Nacional Electoral emita un concepto jurídico sobre la legalidad del uso de símbolos y distintivos del movimiento Independientes en un evento oficial gubernamental costeado con recursos públicos, dado que la organización política carece de personería jurídica vigente.
En su cuenta de la red social X, el concejal expuso: “Acabo de radicar queja disciplinaria contra el presidente Gustavo Petro por participación indebida en política al promover un candidato presidencial en evento oficial de gobierno. Además por proselitismo abierto, uso ilegítimo de recursos públicos, convocatoria a Constituyente saltándose la Constitución y permitir presencia de cabecillas condenados en tarima oficial”.
De Bedout manifestó que puso en conocimiento de la Comisión Legal de Investigación y Acusación hechos que, desde su perspectiva, pueden configurar “graves infracciones constitucionales y disciplinarias atribuibles al Presidente Gustavo Petro Urrego”.
Según sus señalamientos, el evento fue utilizado no solo para proyectar la imagen de Daniel Quintero —precandidato presidencial con imputaciones por corrupción—, sino también para impulsar la convocatoria a una Constituyente sin seguir el procedimiento constitucional correspondiente y hostilizar en público a funcionarios elegidos democráticamente en la ciudad.
El concejal sostuvo que la jornada se llevó a cabo usando recursos y logística estatales, con la participación de ministros en tarima y el ingreso de personas privadas de la libertad como invitados con intereses políticos, todo ello “sin control judicial ni mención alguna a verdad, justicia o reparación”.
El político insistió en que la democracia colombiana no debe aceptar que actos institucionales se transformen en plataformas de propaganda ni permitir que se utilice el discurso de la paz para hacer campaña política.
“Por eso pedimos a la Comisión que actúe, que investigue, y que haga valer la Constitución que el propio Presidente juró respetar”, indicó en su declaración por redes sociales.
“Medellín no será cómplice del abuso de poder. ¡La ley también aplica para el Presidente!”, complementó el concejal. Mientras tanto, se espera que las entidades solicitadas respondan a los requerimientos y que la Comisión decida si procede con una investigación formal sobre los hechos señalados en el evento del 21 de junio de 2025 en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín.