La Procuraduría General de la Nación planteó recientemente la necesidad de diseñar y adoptar una política pública que garantice la protección del arte urbano en Bogotá, en un esfuerzo por reconocer su valor cultural, ordenar su presencia en el espacio público y respaldar los derechos de sus creadores.
La propuesta fue presentada en una mesa técnica institucional organizada por el Ministerio Público, en la que participaron entidades del ámbito cultural, artístico, legal y de seguridad. Entre los asistentes estuvieron representantes de la Secretaría Distrital de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la Policía Nacional y voceros de colectivos de grafiteros.
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“También, a la reunión asistieron el subteniente de la Policía Nacional, Mauricio Niño Velasco, la jefe de la oficina de registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Nathalie Granados y un representante de los artistas grafiteros, Rafael Núñez”, detalló el Ministerio Público en un texto que dio cuenta del encuentro.
El encuentro permitió establecer un primer acercamiento interinstitucional para abordar los desafíos que enfrenta el arte urbano en la capital. Durante la sesión, se subrayó la importancia de proteger expresiones como el grafiti, consideradas por muchos como una manifestación legítima de identidad y memoria colectiva en distintas localidades de la ciudad.
La Procuraduría propuso que la política pública contemple mecanismos que permitan diferenciar el arte urbano de actos de vandalismo, así como herramientas jurídicas eficaces para garantizar la integridad de las obras. Asimismo, planteó que se reconozcan y defiendan los derechos de autor de los grafiteros, en un marco legal que permita su visibilización y participación en procesos institucionales.
Uno de los puntos abordados fue la necesidad de contar con criterios técnicos claros para la regulación del arte urbano en el espacio público, de modo que se avance hacia una convivencia equilibrada entre la libertad de expresión artística, el orden urbano y la protección del patrimonio cultural. En este sentido, se discutieron también prácticas comunes como la destrucción o remoción de murales, en muchas ocasiones sin justificación ni respeto por su carácter simbólico o por el trabajo de sus autores.
La iniciativa busca generar un marco de actuación conjunto entre las entidades responsables de la cultura, el espacio público y la seguridad, con el fin de garantizar que el arte urbano deje de ser un tema marginal y se convierta en un componente integral de la política cultural de la ciudad.
“El Ministerio Público pidió establecer una normatividad integral y artística con el objeto de identificar esta narrativa urbana como obras de arte y que, a su vez, las diferencie del vandalismo, saliendo de la estigmatización como actos criminales en las calles", se lee en un texto oficial de la entidad.
La participación de distintos actores institucionales, junto con la presencia de representantes del movimiento grafitero, permitió abrir el debate sobre cómo institucionalizar esta forma de expresión sin desnaturalizarla, y cómo promover un modelo de ciudad donde la creatividad callejera tenga cabida dentro de parámetros democráticos, técnicos y jurídicos.
Con esta primera mesa técnica, la Procuraduría sienta las bases para un trabajo articulado en favor del reconocimiento y la protección del arte urbano, en un contexto donde la ciudad enfrenta retos crecientes en materia de regulación del espacio público, apropiación cultural y garantía de derechos.
“La entidad pidió a los entes territoriales acciones que garanticen que el arte urbano de la capital colombiana finalice con la desprotección a los grafiteros, se eviten los procedimientos excesivos para plasmar la cultura ciudadana y se defina una protección por el derecho de autor”, añadió la entidad.