La ausencia de presencia institucional durante la Marcha del Silencio en Bucaramanga (Santander) hizo que dos periodistas del sistema de medios públicos Rtvc, Nicolás Camilo Torres y Freddy Pernia, sufrieran agresiones físicas y verbales mientras cubrían el evento el 15 de junio en la Ciudad Bonita. Es la conclusión a la que llegó la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que en sus redes sociales criticó el incidente y conminó a las autoridades a brindar garantías para el ejercicio de los comunicadores; en contextos en los que la polarización es creciente.
El suceso, que incluyó insultos, golpes y daños a los equipos de grabación, puso en evidencia la vulnerabilidad de los periodistas que hacían cubrimiento de la movilización social.
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Según detalló la Flip, los periodistas fueron insultados con expresiones como “guerrilleros”, “prepagos” y “malnacidos”, además de recibir escupitajos en cinco ocasiones y ser agredidos con puños y patadas, según resaltó la organización. La situación se agravó cuando algunos asistentes intentaron dañar los equipos de grabación de los reporteros, todo esto en ausencia de cualquier tipo de acompañamiento institucional que garantizara su seguridad, como se pudo ver en los videos que se hicieron rápidamente virales en las plataformas digitales.
La fundación enfatizó que este tipo de agresiones no constituye un hecho aislado. Y recordó que el domingo 8 de junio, en Bogotá, la periodista Gelitza Jimenez, también de Rtvc, fue hostigada mientras cubría el estado de salud del precandidato Miguel Uribe, a las afueras de la Clínica Fundación Santa Fe. En esa ocasión, personas presentes le gritaron “guerrillera” y le exigieron que dejara de grabar; lo que generó un momento de shock para la comunicadora, que con todo y ello fue respaldada por sus colegas, que salieron a apartar a los que increparon contra la mujer.
Fuerte “jalón de orejas” de la Flip a las autoridades
Es por esto que la organización defensora de la libertad de prensa advirtió que la falta de acompañamiento institucional en este tipo de jornadas representa un riesgo previsible para los periodistas. Al tiempo que indicó que la protección de los comunicadores es una responsabilidad directa de entidades como la Defensoría, la Personería de Bucaramanga y la Policía Nacional, pues como quedó registrado en las imágenes, el periodista fue rodeado por protestantes que, en un estado de exaltación, lo empujaron y lo forzaron a abandonar la marcha.
“Estas instituciones tienen la responsabilidad y el deber de proteger la libertad de prensa y la integridad de quienes ejercen esta labor”, precisó la organización, que remarcó cómo los periodistas se ven expuestos a preocupantes riesgos, debido a la tensión social y la polarización. Y añadió que, atacar a la prensa, implica una vulneración directa al derecho de los ciudadanos a estar informados. “Recordemos que atacar a la prensa es atacar el derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Una prensa libre, sin violencia ni censura, es pilar fundamental de la democracia”, puntualizó la Flip.
Frente al particular, el presidente de la República, Gustavo Petro, también se pronunció, al compartir uno de los videos en los que se veía el hecho. “Esto está mal. Los periodistas no son guerrilleros y no se les debe atacar. Aquí sienten lo mismo que quienes impulsan el asesinato. La venganza infundada por el prejuicio y el odio, esa es la madre de la violencia en Colombia”, afirmó el primer mandatario, que aprovechó este caso para calificar cómo un engaño el propósito de las marchas que se adelantaron a lo largo y ancho del territorio; pese al alto número de participantes.
En síntesis, la situación vivida por los periodistas de Rtvc en Bucaramanga se suma a una serie de incidentes recientes que han puesto en entredicho la seguridad de los comunicadores en Colombia. Según la Flip, la reiteración de estos hechos resulta por demás preocupante, aun cuando se prevén mayores manifestaciones en las calles, ahora por parte del Ejecutivo, que convocó a jornadas en defensa de la consulta popular: mecanismo de participación ciudadana con el que se pretenden hacer cambios sustanciales al régimen laboral colombiano.