En una decisión conjunta que contó con el respaldo de todas las bancadas, el Congreso de la República dio luz verde a una ley que reconoce oficialmente a los 22 cadetes que perdieron la vida en el atentado ocurrido el 17 de enero de 2019 en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. La norma, aprobada en plenaria tanto de Cámara como de Senado, contempla beneficios prestacionales y pensionales para sus familias, además de un ascenso póstumo al grado de teniente para cada uno de los fallecidos.
La iniciativa legislativa, contenida en el proyecto de ley 485 de 2025 Cámara y 113 de 2024 Senado, fue presentada por los senadores Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, y Germán Blanco Álvarez, del Partido Conservador. Ambos coincidieron en que esta medida va más allá de un gesto simbólico, al ofrecer una forma concreta de reparación para los familiares de las víctimas.
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“Este es un homenaje que no es solo simbólico, tiene un componente de reparación a los familiares de los jóvenes y también un ascenso póstumo”, afirmó el senador Iván Cepeda.
Según la ley aprobada, se modifica la Ley 1998 de 2019 para permitir al Gobierno nacional otorgar el ascenso póstumo y conceder un régimen especial de beneficios sociales y pensionales. El objetivo es garantizar que los familiares de los cadetes cuenten con derechos equiparables a los de los oficiales en servicio, incluyendo hasta el 50% de las partidas computables, según el grado otorgado de manera póstuma.
Durante la intervención en plenaria, Cepeda recordó que el atentado, atribuido al grupo armado ELN, no solo generó una pérdida irreparable para las familias afectadas, sino que tuvo repercusiones en los procesos de paz que se estaban desarrollando a inicios de 2019.
“Creo que es una medida de justicia verdadera y de reparación para estas víctimas. Bien vale la pena mantener viva su memoria y rendirles el homenaje que merecen”, insistió el senador del Pacto Histórico.
Uno de los puntos relevantes de la ley es que los beneficios no se limitan a los cadetes que estaban en formación activa. También se reconocen derechos a aquellos que, al momento del atentado, se encontraban en licencia remunerada o en comisión de estudios. De esta manera, la norma garantiza que se les aplique el régimen más favorable en términos de prestaciones sociales y pensiones, teniendo en cuenta su categoría dentro de la Policía Nacional.
Otro aspecto incluido en la ley es el reconocimiento oficial a la cadete ecuatoriana Érika Sofía Chico Vallejo, que también falleció en el atentado. El texto legal ratifica su ascenso póstumo, en un gesto que reconoce el impacto transnacional del ataque y la solidaridad del Estado colombiano con los países hermanos afectados por esta tragedia.
El senador Iván Cepeda resaltó que esta ley también responde a un compromiso del Congreso con la verdad, la justicia y la no repetición.
“Este homenaje no solo reconoce públicamente los hechos trágicos, sino que también constituye un acto de reparación simbólica. Exalta la labor y el sacrificio de los cadetes, promueve la memoria histórica y busca prevenir la repetición de hechos similares, en línea con los principios de justicia y reparación del derecho internacional humanitario y la Constitución colombiana”, se señala en el comunicado emitido por su despacho.
La ley enfatiza que los honores y beneficios definidos se aplicarán de manera igualitaria a todos los cadetes fallecidos, sin importar su condición administrativa al momento de los hechos. Esta disposición fue considerada fundamental por los autores del proyecto, al garantizar equidad en la reparación y en el reconocimiento institucional.