La reciente decisión de nueve presidentes de partidos políticos, tanto de oposición como independientes, de rechazar la asistencia a la Comisión de Seguimiento convocada por el presidente Gustavo Petro, ha puesto en crisis la relación entre estos sectores y el Gobierno nacional.
Esta negativa ocurre en medio del intento de asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho que intensificó las tensiones políticas y llevó a los líderes de los partidos a buscar garantías de transparencia para los próximos procesos electorales.
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Como alternativa al diálogo con el presidente Petro, los partidos han solicitado a la Procuraduría General de la Nación activar el Sistema Nacional de Vigilancia Electoral.
El pasado 7 de junio, el precandidato Uribe Turbay fue víctima de un ataque mientras se encontraba en la localidad de Fontibón, en Bogotá. En respuesta a este incidente, se ha optado por una acción institucional para garantizar mayor control en los próximos comicios legislativos y presidenciales.
La Procuraduría emitió la Resolución 086 el 24 de abril de 2025, la cual establece las reglas para poner en marcha este sistema. Este documento detalla que el Sistema Nacional de Vigilancia Electoral estará liderado por el procurador general, Gregorio Eljach, quien presidirá una Comisión Nacional de Control Electoral diseñada para operar de forma permanente.
Esta comisión está integrada por diferentes organismos y actores, entre ellos las Comisiones Territoriales de Control Electoral y la Defensoría del Pueblo, que participará como invitada permanente. Según lo estipulado, la función de esta estructura será “coordinar, articular e implementar la vigilancia preventiva y la intervención sobre los procesos electorales ordinarios y atípicos, así como los mecanismos de participación ciudadana”.
Semana, por su parte, señala que se adoptarán medidas para garantizar la transparencia del proceso electoral, lo que incluye la colaboración de la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación y otras instituciones del Estado.
Adicionalmente, las funciones de esta comisión se extienden a tramitar denuncias por posibles irregularidades o casos de corrupción que puedan comprometer la transparencia electoral. Estos casos serán atendidos de manera prioritaria, a través de acciones preventivas y correctivas.
De acuerdo con el documento obtenido por el medio mencionado, los integrantes de la comisión, así como sus contrapartes regionales, “implementarán un plan de acción de control y vigilancia electoral en coordinación con la Defensoría del Pueblo y las personerías locales”.
Esta resolución también enfatiza la importancia de la capacitación técnica de los funcionarios involucrados en el proceso.
Según indica el texto oficial, se desarrollarán estrategias para preparar al personal de la Procuraduría, asegurando su familiaridad con las normativas electorales a través de alianzas con la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras entidades.
Además, se elaborará un plan de comunicación “para divulgar de manera efectiva todas las acciones y decisiones relacionadas con la vigilancia electoral”, con el apoyo de la oficina de prensa de la Procuraduría.
El contexto en el que esta comisión funcionará incluye intensas críticas hacia el presidente Petro por su actitud frente a los partidos opositores y su confrontación pública con Miguel Uribe Turbay antes del atentado. Según una publicación de Semana, esta situación ha recalcado la falta de confianza de las fuerzas políticas en las garantías ofrecidas por el Gobierno de cara a las elecciones.
La comisión tiene también la tarea de supervisar aspectos logísticos clave del proceso electoral, como la selección de jurados y la acreditación de testigos electorales. En esta línea, el texto publicado por Semana subraya que “la Comisión podrá solicitar a las autoridades locales y nacionales toda la información necesaria para verificar el cumplimiento de la normativa electoral”.
Esto incluye la intervención directa en casos donde se detecten posibles irregularidades o situaciones que puedan derivar en alarmas electorales.
Aunque la próxima reunión entre los partidos y la Procuraduría fue agendada para mañana, la negativa de los líderes políticos a asistir a convocatorias previas del Gobierno, como la del ministro del Interior, Armando Benedetti, es un reflejo de la crisis política en curso.
La decisión de implementar el Sistema Nacional de Vigilancia Electoral está respaldada por diversos artículos de la Constitución Política, así como por leyes específicas relacionadas con los procesos electorales y la participación ciudadana.
Según Semana, el texto de la resolución destaca que este sistema busca salvaguardar el derecho ciudadano a “elegir y ser elegido” y asegura que las instancias estatales involucradas operarán en sincronía para facilitar procesos transparentes y bajo supervisión estricta.
Las comisiones territoriales, por su parte, estarán encargadas de ejecutar las directrices emitidas por la Comisión Nacional en sus respectivas regiones. Esto incluye realizar auditorías preventivas, monitorear los avances en la organización de los comicios y atender cualquier denuncia asociada con las jornadas electorales en sus regiones