Abogado reveló las penas a las que serían sometidos los responsables del atentado contra Miguel Uribe

A raíz del atentado perpetrado el sábado 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que lo dejó gravemente herido, se ha abierto un complejo debate jurídico en torno a las responsabilidades penales no solo del autor material del ataque —un menor de edad de 15 años— sino también de quienes podrían haberle ordenado o inducido a cometer el crimen.

El abogado penalista Rogelio Roldán explicó a Infobae Colombia los alcances penales que podrían recaer sobre los responsables intelectuales del atentado, conocidos en el ámbito jurídico como “determinadores”. Según Roldán, el Código Penal colombiano contempla diversas formas de participación criminal, entre las cuales destaca esta figura. “El determinador es quien ordena, induce o instrumentaliza a otro para cometer un delito. En este caso, se trataría de quien utilizó al menor para ejecutar el ataque”, señaló.

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Aunque el menor de edad respondería penalmente con una sanción más benigna, entre dos y ocho años de prisión, el determinador —si es mayor de edad— enfrentaría penas mucho más severas. “Estamos ante un caso de homicidio agravado, conforme al artículo 103 del Código Penal y su concordancia con el artículo 104, numeral cuarto, que se refiere a ataques cometidos contra servidores públicos o miembros de organizaciones políticas”, precisó el penalista. Dado que Uribe Turbay es senador en ejercicio y precandidato presidencial, este agravante aplicaría plenamente.

La pena por homicidio agravado oscila entre 500 y 700 meses de prisión, lo que equivale a entre 41 y 58 años. Pero, ese no sería el único cargo. Roldán advirtió que también se le podría imputar al determinador el delito de uso de menores para la comisión de delitos, contemplado en el artículo 188D del Código Penal. Esta norma sanciona con penas de entre 10 y 20 años a quien “induzca, facilite, utilice o instrumentalice” a menores de edad en actividades delictivas.

Además, como el atentado fue cometido con arma de fuego, al determinador también podría atribuírsele el delito de porte ilegal de armas. Aunque no haya sido él quien manipuló directamente el arma, la ley permite imputar esta conducta por “imputación recíproca”, siempre que haya mediado inducción o coacción hacia el autor material.

La situación podría agravarse aún más si se demuestra que el atentado fue producto de una estructura criminal más amplia. “Si se prueba que hubo comunicaciones o una organización para ejecutar el ataque, también se estaría frente al delito de concierto para delinquir”, explicó Roldán a Infobae Colombia. Este tipo penal implica la participación de varias personas en un plan criminal, lo que configuraría un concurso heterogéneo y sucesivo de conductas punibles.

En este contexto, el sistema penal colombiano prevé que, en casos de concurso de delitos, se tome como base la pena más alta —en este caso, el homicidio agravado— y se sumen incrementos por cada conducta adicional. Sin embargo, existe un límite máximo de pena. “El artículo 37 del Código Penal establece que la pena máxima será de 60 años en casos de concurso. Aunque la Corte Constitucional estableció que, en general, las penas no pueden superar los 50 años, en estos casos excepcionales de múltiples delitos, la pena puede alcanzar los 60 años”, puntualizó el abogado.

De esta manera, si las investigaciones logran establecer con claridad la existencia de determinadores en el atentado contra Uribe Turbay, estas personas podrían enfrentar la sanción más severa prevista por la legislación penal colombiana: seis décadas de prisión. El caso se perfila como un proceso judicial de alto impacto en medio del clima político que vive el país de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer la identidad del menor involucrado y, sobre todo, dar con los autores intelectuales del crimen. La Fiscalía General de la Nación aún no ha emitido un comunicado oficial sobre avances en el proceso, mientras la ciudadanía y el país político siguen a la espera de justicia.