Desde la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia expresaron su preocupación por la violencia guerrillera en el departamento de Guaviare, donde hay una confrontación a sangre y fuego entre las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc que responden al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y de Alexánder Díaz Mendoza ‘Calarcá’.
Las hostilidades entre los dos grupos armados organizados ha tenido como consecuencia la suspensión de clases que afectó a a 170 menores, que ahora están sin posibilidad de asistir a la escuela.
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Adicionalmente han impuesto restricciones con las que llegaron a tener la osadía de bloquear el paso del personal de salud a la zona. Esta problemática se da dentro de un contexto de confinamiento que afecta a más de 10.000 personas, consecuencia de los combates entre los grupos de los dos jefes subversivos que se separaron luego de tener desacuerdos sobre las ganancias que obtienen con el narcotráfico.
Bajo todo ese violento contexto, en el organismo multilateral rechazaron los hechos de violencia en ese territorio del suroriente de Colombia.
“Condenamos graves afectaciones de #DDHH en #RioGuaviare y respaldamos alerta de @DefensoriaCol por riesgo q sufre la población civil, incluyendo niñas, niños y adolescentes, defensores, liderazgos y Pueblos Indígenas, X acciones de grupos armados no estatales, desde 25 de mayo [sic]”, publicaron en su cuenta oficial de la red social X.
También indicaron su preocupación por los pueblos originarios en la zona, que son los más afectados al quedar en medio de los combates entre las dos facciones insurgentes.
“Nos preocupan confinamiento, restricciones y prohibiciones de ingresos a personal de salud, alimentos y otros bienes a la #TrochaGanadera. También suspensión de clases, utilización de escuelas y vulneraciones a liderazgos comunales y campesinos y a Pueblos Nukak, Jiw y Sikuani [sic]”, reiteraron.
La ONU pidió a las autoridades de Colombia que apliquen medidas efectivas y completas para proteger y prevenir violaciones de derechos en las comunidades afectadas. El organismo internacional también manifestó su apoyo a la alerta de la Defensoría del Pueblo, la cual señaló que la población civil en la región del río Guaviare se encuentra en riesgo ante la escalada de los enfrentamientos armados.
Además hicieron hincapié en que son “43 sedes de 7 instituciones” las que están afectadas por los enfrentamientos, así como también fueron damnificadas “8 residencias escolares” que se tuvieron que cerrar, lo que también afectó “a cerca de 572 niños, niñas y jóvenes, y 72 docentes fuera del territorio”.
La organización condenó las graves violaciones a los derechos humanos en el área y exigió a los grupos armados que respeten el derecho internacional humanitario. Una de las mayores preocupaciones es la restricción al ingreso de misiones médicas y el aumento del desabastecimiento de alimentos y suministros básicos, lo que agrava la crisis humanitaria en el territorio.
La Defensoría del Pueblo explicó que el confinamiento responde a un bloqueo armado impuesto por los mencionados grupos ilegales, lo que ha limitado la movilidad de los habitantes y ha dificultado seriamente el acceso a servicios cruciales como la educación y la atención en salud. Según el organismo, la situación ha desatado una crisis humanitaria de dimensiones alarmantes en Guaviare.
“Urgimos a actores armados no estatales a parar las graves afectaciones contra la población civil y a respetar sus obligaciones frente al #DIH y los derechos humanos. Es urgente que acaten el principio de distinción y el Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra [sic]”, trinaron.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU insistió en la urgencia de que el Estado adopte medidas para salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades, en especial de los pueblos indígenas y de la infancia. También reiteró el llamado para que se permita la entrada de ayuda humanitaria y la reanudación de servicios básicos en la zona.
“Urgimos a las autoridades del Estado a adoptar medidas efectivas e integrales de protección y prevención de vulneraciones en las comunidades, incluidos niñas, niños y adolescentes, liderazgos y Pueblos Indígenas Nukak, Jiw y Sikuani [sic]”, concluyeron.