El deterioro financiero de las (Entidades Promotoras de Salud) EPS no es un tema nuevo, pero las cifras más recientes confirman que la crisis en el sistema de salud colombiano se sigue profundizando. Un informe de Así Vamos en Salud, basado en los datos publicados por la Superintendencia Nacional de Salud con corte a marzo de 2025, reveló que la salud financiera de las EPS está en cuidados intensivos. Las advertencias sobre la sostenibilidad del modelo cobran fuerza cuando se analiza el impacto que esto tiene sobre la atención a los usuarios.
Uno de los hallazgos más crudos es el incremento dramático en el patrimonio negativo del sector. En tan solo tres años, el valor conjunto de este indicador pasó de $429.000 millones en el primer trimestre de 2022 a más de $10,2 billones en 2025. Un salto del 2.277% que refleja la fragilidad de las EPS para cumplir sus obligaciones financieras y operativas. Esta situación compromete la estabilidad del sistema de aseguramiento en salud y pone en riesgo la continuidad del servicio para millones de afiliados.
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El informe destacó, además, el deterioro de las nueve EPS que están bajo medida de intervención: Savia Salud, Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Sanitas, EPS S.O.S, Famisanar y Nueva EPS. Solo este grupo reportó un patrimonio negativo de $10 billones al cierre del primer trimestre de 2025. Esta cifra es casi el doble del resultado registrado un año antes, lo que representa un aumento del 74,5%.
Pero, el patrimonio no es el único indicador en rojo. Las EPS también enfrentan pérdidas operacionales crecientes. De enero a marzo de este año, las entidades acumularon un saldo negativo de $1 billón en sus operaciones. Es decir, el dinero recibido a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no alcanza para cubrir los costos médicos y administrativos. El modelo, tal como está planteado, se está quedando corto.
La siniestralidad también sobrepasa con creces los márgenes que se consideran sostenibles para el funcionamiento del sistema. En promedio, las EPS analizadas reportaron una siniestralidad del 102%, lo que significa que por cada peso recibido en ingresos, se gastaron más de uno en cubrir los costos de atención médica. De hecho, el único año reciente en que este indicador se ubicó por debajo del 100% fue 2023. Actualmente, el desbordamiento de los costos operativos frente a los ingresos por primas es claro y preocupante, lo que deja en evidencia que el modelo, tal como está, no está logrando cubrir sus compromisos sin generar pérdidas.
Y hay más, la cartera vencida también alcanzó niveles alarmantes. Las EPS reportan deudas por $27,6 billones, de los cuales el 91,5% está en mora por más de 60 días. En el régimen contributivo, estas entidades deben $19,8 billones, mientras que las IPS reportan cuentas por cobrar por $31,7 billones. En el régimen subsidiado, las deudas ascienden a $7,7 billones y las IPS reclaman $10,7 billones.
Las entidades bajo intervención son responsables de la mayor parte de la deuda vencida, concentran el 62% del total. Lo preocupante es que estas mismas EPS atienden al 57% de los afiliados del país. La presión financiera sobre estas organizaciones no solo es insostenible, también representa una amenaza directa para el acceso a servicios médicos en regiones clave.
Por áreas geográficas, los departamentos con mayor concentración de mora son también los más poblados y con alta demanda de servicios, Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Santander. Allí, la presión sobre los hospitales y clínicas es cada vez mayor, ante la imposibilidad de las EPS de ponerse al día con sus pagos
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