Desde el pasado 1 de junio, vender una propiedad en Colombia se convirtió en una operación más costosa debido a un nuevo decreto emitido por el Gobierno nacional. Esta normativa busca adelantar el recaudo fiscal para el año en curso, pero ha generado preocupación en el sector inmobiliario y entre expertos tributarios por los cambios significativos en las reglas de retención en la fuente aplicables a la compraventa de bienes raíces.
El decreto establece modificaciones en el umbral exento y en las tarifas de retención en la fuente para la venta de inmuebles. Antes de la entrada en vigor de esta medida, toda transacción inmobiliaria estaba sujeta a una retención del 1%. Ahora, se introdujeron dos tramos diferenciados para viviendas que superen cierto valor, además de una retención más alta para las ventas de inmuebles no residenciales.
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Juan Pablo Suárez, socio líder del área tributaria de CMM Estudio Legal, explicó en Semana que si una vivienda tiene un valor superior a 10.000 UVT (equivalente a $497’900.000), los primeros $497’900.000 estarán sujetos a una retención del 1%, mientras que el valor excedente será gravado con una retención del 2,5%. En el caso de propiedades no residenciales, la retención será del 2,5% desde el primer peso.
Un ejemplo práctico ilustra el impacto de esta medida. Antes del decreto, la venta de una vivienda por $1.000 millones generaba una retención de $10 millones. Con la nueva normativa, la retención asciende a $17.531.500, lo que representa un incremento superior al 70%.
Para inmuebles no residenciales, la retención sería aún mayor, alcanzando los $25 millones. Además, a esta retención se suma el impuesto de timbre, que varía entre el 1,5% y el 3%, dependiendo del valor del inmueble. En total, una venta podría estar sujeta a retenciones de hasta el 4,88%, lo que reduce significativamente los recursos netos que recibe el vendedor.
El impacto de esta medida no se limita a los propietarios que buscan vender sus inmuebles. De acuerdo con lo expuesto por Fedelonjas (Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz), el decreto también afecta a los agentes inmobiliarios, corredores y expertos en avalúos.
La organización advirtió que la norma incrementa la tarifa de autorretención para actividades inmobiliarias, lo que incluye el corretaje en compraventa de bienes inmuebles, la administración de propiedades de terceros, la gestión de arriendos y los servicios profesionales de avalúo y consultoría. Este aumento en la carga fiscal podría traducirse en una ralentización del mercado inmobiliario y una reducción del flujo económico en uno de los sectores más relevantes del país.
Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, hizo un llamado a los colombianos que planean realizar transacciones inmobiliarias para que revisen su situación tributaria y ajusten sus procesos contables y comerciales. Además, señaló que la organización continuará dialogando con las autoridades competentes para mitigar los efectos adversos de la medida y buscar mecanismos que promuevan la sostenibilidad del sector.
El decreto, que forma parte de las estrategias del gobierno de Gustavo Petro para aumentar el recaudo fiscal, generó inquietud por sus posibles consecuencias económicas. Expertos advierten que el aumento en los costos por transacción podría desincentivar la compraventa de inmuebles, lo que a su vez afectaría la dinámica económica del país.
La reducción en el número de operaciones inmobiliarias podría derivar en una desaceleración del mercado y en una menor actividad en sectores relacionados, como la construcción y los servicios asociados. En este contexto, los actores del sector inmobiliario enfrentan el desafío de adaptarse a las nuevas condiciones tributarias mientras buscan alternativas para mantener la competitividad y la formalidad en sus operaciones.