A medida que avanzan las investigaciones en la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia por el mayor escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se conocen nuevos detalles del caso y posibles conflictos de intereses.
De hecho, en la mañana del domingo primero de junio se dio a conocer una investigación que involucraría a Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, y a su esposa, Andrea Verdugo, por presuntas omisiones en la entrega de información relacionada con el caso.
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El ascenso de Idárraga coincidió con el nombramiento de su esposa, Andrea Verdugo, como directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, uno de los cargos más codiciados en esa entidad. Así, la pareja ocupa posiciones clave en dos instituciones que lideran la investigación sobre la corrupción en la Ungrd.
Según una publicación realizada por la revista Cambio, todo inició el 29 de octubre de 2023, cuando Idárraga apareció en el departamento de Córdoba en medio de la jornada electoral en la que su esposa coordinaba testigos para la campaña del clan Calle.
Mientras Idárraga, en su calidad de secretario de Transparencia, debía supervisar la transparencia electoral a nivel nacional, se encontraba precisamente en la región donde su esposa mantenía intereses comerciales y políticos.
La trayectoria profesional de Andrea Verdugo abarca casi dos décadas en el sector público, con experiencia en la Gobernación del Meta, candidaturas políticas y cargos en los ministerios de Interior y Minas, así como en la Unidad de Víctimas. Además, incursionó en la asesoría de campañas políticas, incluyendo la del Pacto Histórico en 2022.
Tras esa experiencia, estableció una asociación verbal con Juan Carlos Huertas, propietario de la firma Derecho Electoral, para ofrecer servicios de asesoría jurídica y capacitación de testigos electorales. Según Cambio, ambos se acercaron a diversas campañas, entre ellas la de Carlos Fernando Galán en Bogotá y candidatos de Fuerza Ciudadana en Magdalena, aunque solo las campañas del clan Calle en Córdoba, del que hace parte el representante a la Cámara Andrées Calle, aceptaron sus servicios.
El acuerdo entre Verdugo y Huertas consistía en que ella se encargaría de la asesoría jurídica y la capacitación, mientras que Huertas gestionaría la parte tecnológica.
El dúo presentó una propuesta inicial de 250 millones de pesos a los Calle, que tras negociaciones se redujo a 200 millones. El proyecto contemplaba la coordinación de testigos electorales y la capacitación de coordinadores, tareas que, según Huertas, Verdugo lideró.
Sin embargo, la versión de Verdugo difiere: sostiene que no existió un contrato formal y que la asesoría no se concretó debido a fallas en la plataforma tecnológica prometida por Huertas, lo que llevó al colapso del proceso de reclamaciones el día de las elecciones.
El conflicto entre Verdugo y Huertas escaló tras la jornada electoral. Huertas, según consignó Cambio, reclama a Verdugo más de 50 millones de pesos, alegando que los honorarios fueron pagados en efectivo por Andrés Calle a la esposa del hoy secretario de Transparencia.
Esta acusación, presentada bajo juramento en una denuncia ante la Fiscalía, toma particular importancia en medio del escándalo de la Ungrd. En su testimonio ante la Corte Suprema, Sneyder Pinilla afirmó haber entregado 1.000 millones de pesos en efectivo a Andrés Calle, parte de los cuales habrían financiado las campañas de su padre y hermano. Sin embargo, la familia Calle niega estas acusaciones y ha denunciado a López y Pinilla por falso testimonio.
Asimismo, Verdugo niega haber recibido dinero de los Calle y afirma que su relación con Andrés Calle se limitó a su trabajo en el Ministerio del Interior. Además, sostiene que los únicos gastos cubiertos por los Calle fueron los tiquetes y la estadía de ella y su equipo.
“Apoyé con conceptos y opiniones [...] ayudamos con unos talleres de testigos. Algo que no sé cómo enmarcarlo. Fue del ejercicio propio de esa dinámica. Cuando todo el mundo está en campaña siempre hay un apoyo solidario y en eso se enmarcó. No en un tema laboral”, declaró Verdugo al medio.
El ingeniero César Díaz, subordinado de Huertas y presente en la asesoría, contradijo la versión de Verdugo al afirmar que ella fue la responsable de recibir los desembolsos de dinero para la ejecución del servicio contratado. Díaz también negó que la asesoría resultara fallida, asegurando que todo se entregó “a cabalidad”.
Por su parte, Huertas insiste en que Andrés Idárraga fue el intermediario para la asesoría, aunque no ha presentado pruebas. Además, sostiene que Idárraga estuvo presente en Montería y Montelíbano el día de las elecciones, lo cual se corroboraría con publicaciones en redes sociales del secretario de Transparencia, quien compartió imágenes desde el Puesto de Mando Unificado en Montería y denunció irregularidades en Montelíbano
El caso de Sandra Ortiz, que fue apartada del Gobierno tras los señalamientos, contrasta con la permanencia de Idárraga. Según fuentes consultadas por Cambio, la decisión del presidente Petro de mantener a Idárraga habría respondido a un cálculo preventivo.
La entonces recién nombrada fiscal general, Luz Adriana Camargo, había trabajado como contratista de la Secretaría de Transparencia, lo que podría haber generado un conflicto de interés si Idárraga resultaba investigado. En tal escenario, la fiscal general habría tenido que declararse impedida, dejando el caso en manos de un fiscal ad hoc designado por la Corte Suprema de Justicia, en un momento de tensiones entre el Ejecutivo y las altas cortes.