Con la reciente elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional, el panorama político parece inclinarse a favor del Gobierno nacional en temas clave que actualmente están bajo revisión en ese alto tribunal.
Esta designación podría ser determinante en decisiones relacionadas con la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
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Con las mayorías en el alto tribunal, el pasado 19 de mayo de 2025, el magistrado Vladimir Fernández, ex secretario jurídico de Petro y considerado cercano al Gobierno, presentó una ponencia de fallo sobre una tutela que busca definir si el CNE puede continuar investigando las supuestas inconsistencias en la financiación de la campaña de Petro.
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Este documento fue radicado tres días antes de que la Sala Plena de la Corte Constitucional discuta el caso, que fue iniciado por el propio presidente Petro contra la decisión de la Sala de Consulta del Consejo de Estado. Este último organismo había otorgado al CNE la facultad de investigar posibles violaciones a los topes de financiación de la campaña, aunque aclaró que no tiene potestad para sancionar al mandatario.
Así las cosas, quedó establecido en el orden del día de la próxima sesión de la Sala Plena, como punto central, la discusión de esta tutela, identificada como “Acción de tutela instaurada por Gustavo Francisco Petro Urrego contra el Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil”. Según Semana, la ponencia de Fernández será debatida en este encuentro, y las proyecciones apuntan a que la Corte podría fallar a favor del presidente Petro.
Cabe recordar que la tutela que presentó Petro centra su argumento en que el CNE no tiene la facultad para investigarlo debido a su fuero constitucional. Este debate ha generado controversia, ya que el Consejo de Estado había señalado que, aunque el CNE puede investigar, no tiene la capacidad de imponer sanciones al presidente en ejercicio.
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En este contexto, la decisión de la Corte Constitucional será crucial para determinar el alcance de las competencias de la entidad en casos que involucren a altos funcionarios del Estado.
A propósito, el magistrado Vladimir Fernández, responsable de redactar la ponencia que será discutida, ha enfrentado cuestionamientos en el pasado. Su nombre fue mencionado por la ex consejera presidencial Sandra Ortiz en relación con presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La exfuncionaria acusada de lavado de activos y tráfico de influencias señaló que recursos provenientes de actos de corrupción en esa entidad habrían facilitado la elección de Fernández en el Congreso, lo que le permitió acceder al cargo que ocupa actualmente en la Corte Constitucional.
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Frente a las acusaciones, Fernández negó haber conocido a Ortiz, además de defender la legitimidad de su elección en la Corte Constitucional.
“La conocí cuando ella llegó a la Presidencia de la República como alta consejera para las Regiones. Antes no había tenido ningún trato con ella y mi relación siempre fue muy cordial y dentro del ambiente laboral de la Casa de Nariño”, comentó el magistrado en entrevista con Cambio.
Y agregó: “Yo ya había recorrido casi todo el Senado, pero una de las citas que estaban pendientes era la de Iván Name, un gran opositor al Gobierno. Por tanto, asistí a la reunión en compañía de quienes representaban al Partido Verde adentro, que era el fundador del partido, Carlos Ramón González, y de la que había sido, hasta el periodo anterior, senadora de la República, Sandra Ortiz”.
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La decisión que tome la Corte Constitucional en este caso no solo tendrá implicaciones para el presidente Petro, sino que también podría sentar un precedente sobre los límites de las competencias de las instituciones encargadas de supervisar la financiación de campañas políticas en Colombia.