Los ministros Antonio Sanguino (Trabajo), Armando Bendetti (Interior) y Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), acudieron el lunes 19 de mayo de 2025 al Senado de la República de Colombia para radicar la consulta popular 2.0 del Gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa, que fue hundida por el Congreso de la República en una primera instancia, busca que los ciudadanos decidan en las urnas sobre temas clave como el proyecto reforma laboral y los cambios propuestos al sistema de salud del país.
El documento fue entregado al secretario General del Senado, Diego González, en medio de tensiones políticas. La primera versión de esta consulta fue rechazada el miércoles 14 de mayo, lo que generó la acusación desde el Gobierno hacia González, al señalarlo como presunto cómplice de un supuesto fraude.
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Dicho episodio, que incluyó enfrentamientos verbales y momentos de alta tensión, culminó con un gesto inesperado: un saludo entre González y Benedetti, uno de sus principales críticos.
La consulta popular 2.0 incluye 16 preguntas, tres más de las inicialmente previstas, y se presentó el mismo día en que la Comisión Cuarta del Senado hizo la primera audiencia pública sobre la reforma laboral. El proyecto, que en la actualidad se encuentra en su tercer debate legislativo, ha sido objeto de un intenso escrutinio. El objetivo del Gobierno es que los colombianos tengan la última palabra sobre el futuro de estas reformas estructurales.
Detalles que no gustan de la consulta popular
Sin embargo, dentro de las 16 preguntas hay detalles que no pasaron desapercibidos por congresistas y expertos en el asunto. Por ejemplo, la representante a la Cámara Catherine Juvinao, del Partido Alianza Verde, señaló que hay preguntas que ya están incluidas en la ley actual.
Por medio de X, señaló que el Gobierno Petro es pura carreta, es decir, que dice mentiras.
“Carreta y más carreta Gustavo Petro. Ya no disimulan que lo único que quieren es hacer campaña con los recursos públicos de los ciudadanos”, escribió en la red social. Y precisó que las pregunta 13, 15 y 16 ya están reglamentadas en la ley actual. Además, que la 14 ya la implementaron a la fuerza. “Dejen de engañar a la gente”. señaló.
Exactamente, las preguntas 13, 14, 15 y 16 son:
- ¿Está de acuerdo con que el Gobierno compre o produzca medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes?
- ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y el Adres paguen directamente a hospitales y clínicas?
- ¿Está de acuerdo en un modelo de atención primaria en salud preventivo y resolutivo?
- ¿Está de acuerdo en un régimen laboral especial, que garantice vinculación formal a los trabajadores de la salud y sus derechos laborales, además de un salario justo?
Al respecto, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, criticó que agregan preguntas que no sirven para nada porque ya están en la ley y son “solo para gastarse en campaña política por cuenta del Estado: casi $1 billón”.
De igual manera, se preguntó: “Hasta cuando vamos a permitir que se sigan utilizando y abusando de los mecanismos de participación ciudadana con fines electorales y pagados con recursos que mejor se destinarían a salud o educación?”.
Preguntas de la consulta popular son el ‘anticipo a un desastre’
Por su parte, el exministro de Salud Alejandro Gaviria calificó las cuatro nuevas preguntas sobre salud en la consulta popular como un “engaño”. Con exactitud, examinó dos de ellas. La primera fue ¿está de acuerdo con que el Estado compre o produzca medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes?
Al respecto, cuestionó “¿quién no va a estar de acuerdo con una entrega oportuna a los pacientes? ¿pretende el Estado nacionalizar toda la industria farmacéutica? ¿va el Estado comprar todos los medicamentos necesarios del sistema de salud? ¿con qué capacidades? ¿qué institución va a hacerlo?“.
Para Gaviria, esta pregunta es, en el mejor de los casos, un engaño, y en el peor, es el anticipo a un desastre.
La segunda pregunta que analizó es ¿está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y la Adres pague directamente a hospitales y clínicas?
Sobre la misma, aclaró que lo que se está diciendo en el fondo es que la salud de Colombia se va a politizar, que se van a reproducir los problemas del sistema de salud de los maestros y que una gran entidad que no tiene las capacidades va a administrar todo el sistema de salud.
“En fin, una locura. El Gobierno pretende arrebatarle al Congreso la capacidad de discutir las leyes de la República. Estas preguntas son una forma de populismo profundamente antidemocrática. En esencia, lo que está tratando de hacer el Gobierno es cerrar el Congreso”, criticó Alejandro Gaviria.