En la mañana del lunes 19 de mayo se conoció, por su cuenta de X, que el colombiano Andrés Guzmán Caballero renunció a su puesto como comisionado presidencial para los DDHH, y libertad de expresión en el gobierno del presidente Nayib Bukele, de El Salvador.
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Guzmán, además, publicó una columna en revista Semana titulada ‘Gracias, simplemente gracias’, texto en el que revela su sentir frente a su experiencia en el gobierno salvadoreño. Habló de su cercanía con niños que vivieron los embates de la violencia de las pandillas en el país centroamericano y dijo que ayudarlos fue su motivación.
“El día de la despedida llegó como una punzada en el alma. Ellos pensaron que era una visita más, pero para mí significaba el cierre de un capítulo crucial en mi vida. Al abrazarme fuerte, Anita pronunció en una frase con voz quebrada una palabra que todavía resuena en mi corazón cada noche: “Papito”. Una sola palabra que justificó cada sacrificio, cada día lejos de mis hijos, de mis padres, de mis hermanas, lejos de Colombia", escribió.
La dimisión, fechada el 15 de mayo y hecha pública en la noche del lunes 19 a través de redes sociales, fue aceptada por el presidente Nayib Bukele, quien solicitó al exfuncionario el cierre formal de los procesos en curso y la entrega de los expedientes a su cargo.
La salida de Guzmán se produce en un contexto particularmente sensible para el gobierno salvadoreño, en el que se han intensificado las críticas nacionales e internacionales por la situación de los derechos humanos en el país. De manera paralela a su dimisión, se conoció la reciente detención de al menos tres defensores de derechos humanos y líderes sociales: Ruth López, jefa de Anticorrupción de la organización Cristosal; Alejandro Henríquez, abogado con trayectoria en causas ambientales; y José Ángel Pérez, presidente de una cooperativa campesina.
Durante su permanencia en el cargo, Guzmán fue una de las voces más visibles en la defensa del discurso oficial del Ejecutivo salvadoreño frente a los señalamientos por presuntas violaciones de derechos fundamentales, como la libertad de prensa, el debido proceso y el trato a personas privadas de la libertad. En diferentes escenarios, incluidos foros internacionales, negó de manera reiterada la existencia de prácticas como la tortura en los centros penitenciarios del país y restó validez a los informes que alertaban sobre hostigamientos contra periodistas y organizaciones sociales.
Uno de los episodios más recordados de su gestión tuvo lugar en julio de 2023, cuando participó en una audiencia virtual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esa ocasión, Guzmán descartó categóricamente que existieran casos de tortura o persecución contra la prensa en El Salvador y sostuvo que las instituciones como la Fiscalía General y la Procuraduría de Derechos Humanos no habían recibido denuncias formales sobre estos temas. No obstante, omitió referirse a los reportes de espionaje que algunos comunicadores han presentado por el uso del software Pegasus.
Un año más tarde, en julio de 2024, volvió a comparecer ante la CIDH y reiteró sus posiciones. Afirmó que las muertes registradas en centros penales no eran atribuibles al Estado y rechazó que existieran condiciones similares a las de centros de reclusión política o campos de concentración, como han denunciado diversas entidades humanitarias.
A pesar de las controversias, Guzmán concluyó su paso por el gobierno de Bukele destacando los aprendizajes obtenidos en el país centroamericano y expresó agradecimiento hacia la administración que lo acogió. Su renuncia marca el fin de una etapa en la que la narrativa oficial sobre derechos humanos encontró un vocero internacional, y abre interrogantes sobre el rumbo que tomará la política gubernamental en este ámbito en los próximos meses, en medio de un escenario de crecientes tensiones con la sociedad civil.