Un escrito de acusación de la Fiscalía menciona al exsecretario del Senado Emilio Otero Dajud en presuntas operaciones de lavado de activos relacionadas con Javier Rojas García, alias Maracuyá, señalado por liderar una red criminal dedicada al narcotráfico y enriquecimiento ilícito. El proceso permanece en espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia que definirá el avance del caso.
Javier Rojas García enfrenta cargos por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego de que las autoridades detectaran que durante casi veinte años la organización que supuestamente dirigió habría utilizado la compra de inmuebles en distintas regiones del país para dar apariencia de legalidad a capitales presuntamente originados en el narcotráfico.
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El escrito fiscal indica que la red criminal mantuvo vínculos con exjefes paramilitares como Carlos y Vicente Castaño Gil, así como con carteles del Valle y otras regiones.
Según información revelada por El Espectador, en medio de esta investigación, aparece mencionado Emilio Otero Dajud, que se desempeñó como secretario del Senado durante más de diez años.
Según la Fiscalía, Otero Dajud habría participado en movimientos financieros relacionados con uno de los bienes de Maracuyá: el lote Alcalis, un terreno de 107 hectáreas en las cercanías del puerto de Mamonal, en Cartagena, valorado en cerca de 22.000 millones de pesos.
El predio fue adquirido en 2006 por Maracuyá junto a su hermana Ruth García Rojas y su cuñado Bernardo Pinzón Rivera, este último con antecedentes por narcotráfico y vinculado como testaferro de otros jefes criminales.
Según el informe del diario nacional, el ente investigador asegura que la compra del lote se realizó mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos, con el fin de manipular el proceso de licitación y adjudicación del terreno, originalmente propiedad de la entidad estatal Central de Inversiones (Cisa).
En 2007, el narco Pinzón Rivera habría vendido una parte del terreno por 10.000 millones de pesos a Otero Dajud y a alias Poncho Berrío, mano derecha del exjefe paramilitar Vicente Castaño. Parte de la participación de Berrío fue entregada a otro socio, Jose Bayron Piedrahita, conocido como El Árabe, condenado por lavado de activos en Colombia y en el extranjero.
Testimonios presentados ante la Fiscalía indican que en ese mismo año se llevaron a cabo reuniones en Medellín y Cartagena, en las que Otero Dajud habría participado para planificar movimientos financieros vinculados al lote. En dichas reuniones se habría discutido, además, el pago de un soborno por 2.000 millones de pesos a una funcionaria de Cisa identificada con el nombre “Margarita”, según los datos obtenidos por El Espectador.
La trayectoria de Otero Dajud en el Senado, donde tuvo un papel decisivo durante tres décadas, fue destacada por su influencia en la agenda legislativa y la asignación de recursos para congresistas.
Su cercanía con figuras políticas de Córdoba con antecedentes en parapolítica, como los exsenadores Bernardo Miguel “Ñoño” Elías, Julio Manzur y Zulema Jattin, le permitió mantener una posición destacada dentro del poder político regional y nacional.
Tras el escándalo revelado por medios de comunicación en 2012 sobre su relación comercial con Pinzón Rivera, Otero perdió apoyo en el Congreso. Sin embargo, en 2016 fue elegido contralor departamental de Córdoba, cargo al que llegó con el respaldo de los mismos sectores políticos cuestionados por nexos con estructuras paramilitares.
Aunque el escrito de acusación menciona a Otero Dajud, este no enfrenta cargos formales y ha negado cualquier vínculo con actividades ilegales. Su defensa se ha limitado a señalar que desconocía la relación de las personas con las que realizó negocios y que actuó como comprador de buena fe.