Para el viernes 30 de mayo de 2025, el Juzgado 35 Penal Municipal de Bogotá ha programado la audiencia de imputación de cargos contra César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, así como a otros siete implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).
Según información revelada por El Tiempo, el exfuncionario enfrenta acusaciones por su presunta participación en el desvío de 100.000 millones de pesos de los recursos otorgados a la entidad nacional.
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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Manrique habría participado en la modificación de un convenio entre la Ungrd y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en la que el valor fue reducido a la cantidad en mención.
En los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, ante la justicia, Cesar Manrique habría tenido un rol clave en decisiones que permitieron el desvío de estos recursos. Pinilla, hoy condenado por su participación en el saqueo a la Unidad, y López, exdirector de la entidad, señalaron que las acciones del exfuncionario habrían estado orientadas a beneficiar intereses políticos y favorecer a aliados del Gobierno.
Entre tanto, la Fiscalía ha anunciado que imputará a Manrique por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Según el organismo, estos hechos forman parte de una de las líneas más sensibles dentro de la investigación general sobre el manejo de los recursos de la Ungrd, una entidad que ha estado bajo escrutinio por presuntas irregularidades en su gestión.
Este caso se suma a una condena previa que recibió por irregularidades en procesos de contratación cuando Petro era alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015. En aquella ocasión, fue condenado por irregularidades en la contratación, lo que marcó un precedente en su historial judicial, según detalló El Tiempo.
Cesar Manrique había llegado al Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) desde octubre de 2023, cargo en el que duró por un año y dos meses. Sin embargo, presentó su renuncia en noviembre de 2024 por problemas de salud, pero coincidió con la investigación adelantada por la Fiscalía.
Los otros implicados en el caso Ungrd
Además de Cesar Manrique, los otros siete nombres señalados en un presunto esquema de corrupción también serían representantes de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú), que habrían desempeñado un papel clave en la manipulación de contratos y documentos para apropiarse de recursos públicos.
Según informó la Fiscalía, Édgar Echeverri Toro, representante legal de la entidad, y Francisco Javier Estupiñán Bravo, jefe de ventas, enfrentarán cargos por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad documental.
Adicionalmente, se menciona al abogado Édgar Riveros Rey, que enfrentará cargos similares, además de falsedad material en documento público y falsedad en documento privado. La entidad acusatoria sostiene que Riveros Rey habría participado activamente en las irregularidades que permitieron la apropiación indebida de recursos públicos.
La lista de presuntos responsables se amplía con los nombres de Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas por prestación de servicios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según las autoridades, ambos habrían tenido un papel activo en el esquema delictivo y serán imputados por delitos como peculado por apropiación y falsificación de documentos.
Por este caso, los exfuncionarios que han sido detenidos por las autoridades son Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, y los congresistas Iván Name y Andrés Calle, que fueron capturados por su presunta participación en los actos de corrupción relacionados con la Ungrd.
Sin embargo, las investigaciones apuntan a que más personas podrían ser arrestadas en el transcurso del año 2025, a medida que se esclarecen los detalles del caso.
También, se espera que uno de los próximos en enfrentar imputaciones sería Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a quien se le acusa de la entrega de 4.000 millones de pesos a los exparlamentarios mencionados, con el fin de que se avalaran las reformas planteadas por el Gobierno Petro en el legislativo.