El juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal sumó un nuevo capítulo este viernes 16 de mayo con la declaración de Wilser Darío Molina Molina, actual alcalde de Amagá y abogado penalista.
Durante su testimonio ante la Corte, Molina aseguró que en 2014 dos exparamilitares le revelaron presuntas presiones por parte del senador Iván Cepeda y la abogada Mercedes Arroyave, quienes, según el relato, habrían ofrecido beneficios económicos y apoyo a sus familias a cambio de que declararan en contra del exmandatario.
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El testimonio de Molina parte de un encuentro que sostuvo en la cárcel de máxima seguridad La Paz, en Itagüí, donde visitaba a uno de sus defendidos, el exparamilitar Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín.
Según relató ante el juzgado, Tuberquia le informó que dos internos querían hablar con él sobre un asunto grave y urgente.
“En el año 2014, en una de esas visitas que hago a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, cárcel La Paz, mi cliente para esa época, el señor Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín, me manifestó que había dos internos que querían hablar conmigo de un tema muy importante y muy delicado”, declaró Molina.
Los internos fueron identificados como Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, y Gabriel Muñoz Castañeda, alias Castañeda.
Molina indicó que ambos aseguraron haber intentado denunciar ante la Fiscalía una situación relacionada con el senador Cepeda, sin obtener respuesta.
“Me manifestaron que tenían algo muy delicado y muy importante que contarme, que porque ellos habían ido efectivamente en sus diligencias de indagatoria a decirles a los señores fiscales que el señor Iván Cepeda los había buscado para ofrecerles prebendas administrativas, jurídicas y de traslados a otros países bajo la figura de asilados, pero que no habían tenido eco en la Fiscalía”, afirmó.
Según el alcalde, los exparamilitares pensaron inicialmente que Cepeda los visitaría para hablar sobre fosas comunes que querían entregar a la justicia. Sin embargo, según el testimonio, el objetivo del encuentro habría sido otro.
“En principio, ellos dos pensaron que el senador Iván Cepeda había ido a la cárcel a escucharlos por unas fosas que ellos pretendían entregar a la justicia, pero que en la oficina del señor director de la cárcel les hizo una propuesta distinta”, relató Molina.
De acuerdo con su versión, Cepeda y Arroyave habrían ofrecido un texto con instrucciones para acusar al expresidente Uribe de haber ordenado el asesinato de un comandante del ELN.
A cambio, se les habrían prometido beneficios penitenciarios, mejor trato en prisión y apoyo para solicitar asilo para sus familias en Argentina.
El alcalde también aseguró que la integridad física de sus defendidos se vio comprometida como consecuencia de su negativa a colaborar, ya que habrían recibido amenazas y malos tratos en prisión.
Según informó la revista Semana, tras conocer estos hechos, Uribe solicitó a Molina que tomara una declaración formal para presentarla ante la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento investigaba al senador Cepeda.
Pese a ello, Molina afirmó que las autoridades no respondieron de manera efectiva.
En 2018, la Corte Suprema archivó la investigación contra Cepeda y, en cambio, abrió proceso contra Uribe por presunto soborno y fraude procesal, además de compulsar copias para investigar a Henao y Muñoz por falso testimonio.
Molina dijo desconocer si estas investigaciones llegaron a materializarse.
Durante la audiencia 41 del juicio, Molina se presentó como un testigo clave para la defensa, que busca demostrar que Uribe fue víctima de un complot judicial.
El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, también señaló la existencia de un supuesto plan liderado por el capo Wilber Varela, alias Jabón, para perjudicar a Uribe.
Estas declaraciones, junto con las de Molina, forman parte de un entramado de acusaciones y contraacusaciones que han marcado el desarrollo del juicio.
Además del alcalde, también estaban previstas las declaraciones de la exfiscal Hilda Niño, quien sostiene que durante la gestión del exfiscal Eduardo Montealegre existió un plan para afectar jurídicamente al expresidente.