El jueves 15 de mayo de 2025, durante la apertura del Congreso Anual de Energía organizado por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), la presidenta del gremio, Natalia Gutiérrez, advirtió que “la seguridad energética este año está en cuidados intensivos”.
La afirmación, dijo, hace parte de la creciente preocupación por el desequilibrio entre la oferta y la demanda eléctrica en el país, el retraso en la entrada en operación de proyectos clave y la acumulación de deudas por subsidios que comprometen la sostenibilidad del sistema.
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En sus declaraciones, Gutiérrez señaló que Acolgen lleva más de cuatro años alertando sobre el estrechamiento del margen entre la oferta y la demanda.
Aunque la demanda crece de forma sostenida —con un promedio anual del 2,6%— fenómenos climáticos como El Niño y La Niña han provocado picos de crecimiento del 6,4% en el sistema interconectado nacional. En la región Caribe, incluso, se han registrado aumentos de dos dígitos en el consumo.
En ese contexto, la presidenta del gremio señaló que las proyecciones de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y las cifras de Obligaciones de Energía en Firme muestran un déficit sostenido en los próximos años.
Las cifras indican que el margen de reserva podría reducirse a 1,4% en 2026, 0,2% en 2027 y llegar a -3,1% en 2028. “Sin energía en firme y con demoras en los proyectos, cualquier sequía intensa podría generar interrupciones del servicio”, advirtió Gutiérrez.
Entre tanto, afirmó que uno de los factores críticos identificados es el retraso en la entrada en operación de nuevos proyectos de generación y transmisión.
Para Gutiérrez, hay cerca de 3.500 megavatios de capacidad que debieron entrar en los últimos cuatro años, pero aún no lo han hecho. Además, hay líneas de conexión con más de cinco años de retraso.
Aunque el crecimiento en la demanda se considera un indicador positivo de electrificación, la líder gremial insistió en que “si no crecemos en estas dos infraestructuras al tiempo que está creciendo la demanda, vamos a tener dificultades en el suministro de energía”. Y añadió que la reciente subasta de reconfiguración, que pretendía reforzar la oferta, no logró cerrar completamente la brecha entre la oferta y la demanda.
Preocupación por deuda acumulada por subsidios
Otro punto de presión identificado es el retraso en el pago de los subsidios energéticos. Gutiérrez explicó que los recursos ya fueron entregados a los usuarios, por lo que las empresas distribuidoras necesitan que el Gobierno nacional les reintegre los montos correspondientes.
José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), detalló que al cierre de abril el déficit financiero de los comercializadores de energía alcanzaba los $7,6 billones.
De ese total, $3,1 billones corresponden al no pago de subsidios, $3 billones al saldo de la opción tarifaria, $1,2 billones a deudas de usuarios oficiales y $300.000 millones a la diferencia entre los precios de compra y venta de energía en bolsa.
Del monto adeudado por subsidios, $1,9 billones corresponden a 2024 y $1,2 billones se acumularon en los primeros cuatro meses de 2025.
Alcalde de Bogotá señaló falta de infraestructura para proyectos energéticos
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también participó en el congreso y expuso los riesgos que enfrenta la capital por la falta de avances en las redes de transmisión.
“A Bogotá se le está acabando el tiempo para garantizar la seguridad energética”, dijo, y agregó que la solución, además de depender de la administración local, también implican decisiones del Gobierno nacional.
Por ello, Galán pidió agilizar los permisos ambientales para avanzar en las obras, al advertir que la capacidad instalada en la ciudad tiene un margen muy reducido frente a su demanda.
Enfatizó que 250.000 personas en Bogotá siguen en situación de pobreza energética, por lo que un desabastecimiento tendría graves consecuencias sociales.
Asimismo, cuestionó que la transición energética se adelante “sin sustento técnico”, lo que podría obligar a los hogares a recurrir a fuentes contaminantes como los combustibles líquidos.